Salaya y otros cuatro alcaldes cacereños declararán el día 21 en el caso de las cruces de los caídos

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres estimó el pasado 6 de mayo un recurso de la Fundación Española de Abogados Cristianos y revocó el archivo de la denuncia por prevaricación contra el presidente de la Diputación que había decretado el juez de primera instancia. En su auto la Audiencia, además de reabrir el caso, pedía al juzgado de instrucción que tomase declaración como testigos a cinco alcaldes de la provincia para saber si han recibido presiones. Son el de Cáceres, Luis Salaya, la de Gargüera de la Vera, Feliciana Muñoz, la de Brozas, Milagrosa Hurtado, la de Talaveruela de la Vera, María Belén Blanco y el de Barrado, Jaime Díaz Breña. Todos ellos están citados para el próximo martes día 21.

La Audiencia Provincial argumentó que, dado que «en buena lógica no es previsible la torpeza de dejar constancia escrita de una conducta delictiva, se debe tomar declaración como testigos a varios dirigentes políticos de la provincia» que serían supuestos destinatarios de esas presiones. Será después cuando, según la Audiencia, se podrá decidir »si existen indicios que justifiquen la toma de declaración en calidad de investigados de las personas que se hayan revelado responsables de tales acciones«, o por el contrario archivar definitivamente las diligencias si esos indicios se descartan.

Abogados Cristianos acusa al presidente de la Diputación de un delito de prevaricación con la agravante de discriminación y otro delito de odio por condicionar determinadas ayudas a la retirada de las cruces. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres abrió diligencias y después archivó la denuncia en febrero de este año con el argumento de que «no se aprecia de la documentación remitida por la Diputación de Cáceres la existencia de actuación alguna por parte del investigado [Carlos Carlos] tendente a vincular la conexión de subvenciones a la retirada de las cruces existentes en los respectivos municipios».

También indicaba el juez que el comité de expertos al que la Diputación encargó elaborar el catálogo de vestigios franquistas de la provincia dirigió diversos escritos a los municipios en los que «respeta la competencia que la respectiva corporación local tiene para elaborar el catálogo de vestigios franquistas y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, incidiendo en el carácter meramente consultivo que tiene el comité».

Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó en mayo ahora esa resolución y aceptó el recurso de Abogados Cristianos, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, al considerar necesario que se tome declaración a cinco alcaldes a los que consta que se han remitido escritos relativos la retirada de las cruces.

La Audiencia indicaba en su auto que el comité de expertos «toma claro partido a favor de la supresión de los símbolos incluidos en dicho catálogo, elogiando al respectivo ayuntamiento cuando actúa conforme a sus indicaciones y efectuando propuestas concretas». Matizaba además que no es materia penal analizar si esas recomendaciones son conforme a derecho, pero que sí podría ser constitutivo de delito el hecho de que la Diputación obligue a la eliminación de los símbolos franquistas «condicionando la economía de los ayuntamientos, vinculando al cumplimiento de las 'propuestas' de la comisión la percepción de determinadas ayudas económicas».