Salvemos la Montaña pide que la Junta dé «carpetazo» a la mina de Cáceres y la empresa espera la consulta pública a final de año

Infinity perfila nuevas vías de financiación de las que ya aporta nuevos detalles tras haber tenido que renunciar a más de 18 millones de las ayudas públicas del PERTE. A 31 de diciembre pasado, mantenía en depósito 12,4 millones de dólares australianos, lo que al cambio suponen algo más de 7.5 millones de euros. Se incluyen en esa partida 3,8 millones de euros del PERTE.

Pese al revés que implica, la matriz de Extremadura New Energies (ENE), empresa filial, valora de forma positiva el plazo de nueve meses que le ha concedido la administración regional para aportar nueva documentación que avale el proyecto. Subraya que ello retrasará el proceso de información pública, que estaba previsto, destaca, en el cuarto trimestre de 2024. «Es probable que, como resultado de la solicitud adicional (de información de la Junta), se realice a finales de 2025», expresa.

Sobre las nuevas alternativa de financiación, al tener que devolver el dinero del PERTE, menciona tres: la convocatoria de baterías del Fondo de Innovación 2024, por el que la Comisión Europea abre un presupuesto de 1.000 millones de euros para financiar proyectos de producción de celdas de baterías para vehículos eléctricos, el apoyo a la cadena de valor industrial de las energías renovables y el almacenamiento, con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con una partida de 750 millones, y el Fondo de Innovación de la Comisión Europea para Tecnologías de Emisiones Cero (4.600 millones de euros). Una cuarta opción son los incentivos regionales, en los que encajaría la mina para obtener financiación al «promover el desarrollo empresarial». Infinity confirma que ya estudia esa nueva ronda de subvenciones que estén alineadas con el desarrollo del proyecto.

Muy diferente es la posición de Salvemos la Montaña. Lo ve inviable. Cree que la Junta está siendo demasiado considerada al darle un plazo de nueve meses para aportar nueva documentación.

«Es imprescindible conocer las razones específicas y legales en virtud de cuales se ha otorgado un plazo que se aparta del régimen general previsto, a fin de garantizar transparencia y el respeto a los principios de igualdad, legalidad y eficacia en la actuación administrativa», señala sobre la decisión administrativa y el plazo establecido, ya que según la plataforma contraviene la normativa. «El otorgamiento de un plazo tan amplio como el mencionado sugiere que existen graves deficiencias en la calidad y la cantidad en la documentación aportada por la promotora». La plataforma ciudadana entiende que «el proyecto, además de atentar contra la salud de la población y los valores naturales del entorno (como se podrá demostrar llegado el momento), es económicamente inviable, y más teniendo en cuenta el contexto y tendencias del mercado del litio».

Es por ello que ha solicitado a la Junta de Extremadura que «se archive la solicitud de la empresa Castilla Mining S.L., filial de Infinity Lithium, pues cuando se admitió a trámite no se acreditó la viabilidad técnica y económica del proyecto».

En esa solicitud a la Junta de Extremadura, aporta datos sobre el «desmedido e incomprensible crecimiento en las expectativas de producción de hidróxido de litio» y cree que la administración debe recabar sus propios estudios ya que la documentación de Infinity no está actualizada: «El proyecto se basa en datos antiguos que la empresa Castilla Mining ha elegido interesadamente, y que no reflejan el estado del mercado, ni en el momento actual».