Mina de litio en Cáceres

Salvemos la Montaña presenta un recurso de alzada contra la mina de Cáceres y pide acceder a la documentación del proyecto

La Ley de Minas permite tramitar la concesión directa de licencias de explotación (sin necesidad de una licencia de investigación previa) para yacimientos mineros que se consideren viables y suficientemente conocidos. La Junta confirmó a finales de mayo la viabilidad tanto técnica como económica del proyecto de Infinity Lithium en Valdeflores a raíz de los datos aportados por la empresa, pero Salvemos la Montaña considera que esos datos se obtuvieron de manera ilegal, ya que proceden de las catas que la empresa llevó a cabo hace siete años, contra la cuales ha habido después varias resoluciones judiciales.

Cabe recordar además que a mediados del pasado mes de junio la Junta declaró de interés general la iniciativa presentada por Infinity Lithium, por medio de su filial Castilla Mining, para la explotación de la mina de litio de Valdeflores en Cáceres y su primera transformación industrial. Este paso implica agilizar la tramitación, facilitar la expropiación de suelo y permitir el acceso a ayudas para el empleo.

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Claudio Mateos

La mina de Cáceres pone la directa

El objetivo de la empresa australiana, que plantea una inversión de más de 1.430 millones de euros y la creación de más de 700 puestos de trabajo, es tratar dos millones de toneladas de litio al año para conseguir un total de 33.300 toneladas anuales de productos terminados, en concreto hidróxido de litio en grado batería. Sobre todo esto ha pedido información la plataforma, que critica falta de transparencia ya que no han podido acceder a la documentación aportada por la corporación varias semanas después de su presentación ante la administración regional. «Esta deliberada falta de transparencia nos impide dimensionar con exactitud hasta qué punto las acciones administrativas y las pretensiones de la empresa se ajustan a Derecho», apuntan.

Para el colectivo que representa la oposición a la mina de litio, la tramitación de este proyecto desde 2017 «ha estado lleno de irregularidades y varias sentencias judiciales así lo atestiguan». «La empresa se escuda en sus intereses mercantiles y los vecinos de Cáceres vemos limitada la capacidad para ejercer un control adecuado. Prometían transparencia máxima, pero el proyecto no es público. Y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura se equivoca en protegerles, mientras deja a la ciudadanía vendida», añaden.

Las agrupaciones que se muestran contrarias al proyecto han advertido en numerosas ocasiones que las instalaciones de la explotación se ubican a solo 619 metros de las zonas urbanizables de Cáceres. Organizaciones la Asociación AmA Cáceres ha pedido en pleno que se modifique el PGM para recoger de forma expresa que la norma tenga competencias en el suelo, subsuelo y vuelo, así como para que la minería como las canteras se consideren actividades extractivas, pero no han obtenido respuesta.