Salvemos la Montaña usará los informes ocultados para intentar tumbar la mina de Cáceres

Tanto UP el pasado viernes como Salvemos la Montaña este lunes han acusado a los sucesivos gobiernos municipales del PSOE y el PP de ocultar esos informes negativos de manera deliberada, en especial el de los técnicos de Urbanismo con fecha de 13 de enero de 2023 en que se constataba la incompatibilidad del proyecto minero con el Plan General de Urbanismo (PGM) y se mencionaban las posibles afecciones al Calerizo. Ese informe, denuncian, se sustituyó por otro firmado por la gerente de la Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica en el que se apuntaba que, bajo determinadas condiciones, el proyecto sí podía ser compatible con el PGM, y que fue el que hizo público el Ayuntamiento. La plataforma asegura que, de haberse hecho valer el informe original de los técnicos, el procedimiento administrativo de la mina «no habría seguido adelante».

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Salvemos la Montaña ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que, además de hacerse eco de la denuncia de UP sobre esos informes, ha dado a conocer lo que considera otra prueba de la «falta de transparencia» que rodea a la tramitación de la mina. Una de sus portavoces, Isabel Perianes, ha criticado la manera sesgada en la que la Junta de Extremadura les ha remitido la documentación del proyecto que tenían solicitada, y a la que tienen derecho a acceder como parte personada en el procedimiento. Perianes asegura que, de las 8.800 páginas de las que consta la documentación presentada por la empresa en junio, y que les ha hecho llegar la Junta, «4.383 están vacías, veladas o en negro», de modo que «el 95% de la información relevante del proyecto no se puede leer».

La portavoz ha descartado que el motivo sea legítimo, ya que entre las partes ocultas hay información relativa, por ejemplo, a las emisiones contaminantes, que «no tienen nada que ver con la protección de datos».

Salvemos la Montaña ha hecho también referencia al reciente anuncio de la empresa promotora, Infinity Lithium, de recortar su presupuesto en alrededor de un 20% y reducir su estructura en Australia para centrar la gestión del proyecto en Cáceres, lo cual interpreta como un signo de falta de «credibilidad», y de «problemas de estabilidad cuando ni siquiera han empezado con la mina».

Todos estos acontecimientos han llevado a la plataforma a anunciar nuevas movilizaciones para este otoño, que por el momento no ha concretado. Está intentado conocer además cómo se llevó a cabo en el Ayuntamiento la gestión de los informes y por qué se decidió hace públikcos y no otros, para llegado el caso emprender «posibles acciones legales».