Sánchez Cortés y tres empresas más de Cáceres acusan a exsocios de llevarse 7,7 millones

El empresario Ángel Sánchez Cortés, que el año pasado tuvo que cerrar la última de sus tiendas de golosinas, pide en la Audiencia que los acusados le indemnicen con 1.200.000 euros que depositó en el capital social, y con la parte que le corresponda de los 7, 7 millones que tenía la sociedad antes de que el dinero desapareciera.

Según los escritos de acusaciones (Fiscalía y dos acusaciones particulares), los cuatro procesados eran accionistas de Promociones Almonte 2000 y, con un quinto que ha fallecido que estaba procesado, ejecutaron un plan para apropiarse de todo el patrimonio, invirtiéndolo en Benarraba de Inversiones Sicav (posteriormente Cartera Inmobiliaria Occidental).

Para ello privaron a los otros socios de Promociones Almonte 2000 de sus derechos sociales. El 10 de junio de 2013 cesaron a Promociones Almonte 2000 como consejera de Benarraba de Inversiones Sicav, sociedad en la que estaba invertido el patrimonio líquido de Promociones Almonte, con lo que definitivamente los otros socios quedaban al margen del control y gestión de Benarraba de Inversiones, que pasó a denominarse Cartera Inmobiliaria Occidental.

El acusador particular Raúl Fuentes recalca que en diciembre de 2012, Cartera Inmobiliaria tenía más de siete millones de euros. «Era solvente –asegura–, tenía beneficios anuales de 400.000 euros. Pero con la mayoría fingida, hacen compras que no tienen ni el más mínimo sentido para beneficiarse ellos. Eran pérdidas y pérdidas, hasta dilapidar todo el dinero».

Según las acusaciones, estos empresarios se apropiaron del patrimonio al comprar, por importe muy superior al valor del mercado, bienes vinculados a ellos o a sus familiares. De este modo Cartera Inmobiliaria adquirió por 2.680.000 euros una finca en Badajoz que estaba tasada en 910.140 euros, finca que nunca había generado rendimiento alguno y que estaba gravada con una hipoteca de 1.234.000 euros.

Cartera Inmobiliaria también compró por 2.400.000 euros una finca de Cáceres, valorada en cerca de dos millones que se vendió libre de cargas, cuando estaba arrendada y estaba hipotecada como garantía de un préstamo de 800.000 euros. El arrendatario nunca pagó la renta al nuevo propietario sino que se lo siguió pagando al antiguo.

Adquirió, además, otra finca por 1.200.000 euros, que estaba carente de valor para la sociedad al no tener aprovechamiento urbanístico.

Después de la actuación de los acusados, según las acusaciones, tanto Promociones Almonte 2000 como Cartera Inmobiliaria Occidental tuvieron tal tasa de endeudamiento que fueron declaradas en concurso de acreedores.

El juicio, en el que los acusados se declaran inocentes, está previsto que concluya el viernes.

El ministerio público asegura que se han cometido los siguientes delitos: Apropiación indebida o un delito de administración desleal, un delito societario de imposición de acuerdos lesivos con mayorías ficticias, un delito societario de impedimentos ilegales al socio, y falsedad en documento mercantil.

El fiscal pide para uno de los procesados 7 años de cárcel y pagar una multa de 27.000 euros. Para otro acusado solicita 7 años de prisión y pagar 63.000 euros de multa; para un tercero, 2 años y 11 meses de cárcel y una multa de 6.000 euros; y para el cuarto dos años y 5 meses de prisión y 14.100 euros de multa. Sumando a estas penas el devolver 7.706.000 euros.