La sentencia del Constitucional, sin impacto en las minas de litio de Cañaveral y Cáceres

Como se ha informado, los artículos que el Constitucional deja sin efecto son el 2, el 3 y el 4, que son los que tratan sobre la obligación que se pretendía imponer a las empresas que quieran extraer litio en Extremadura de llevar a cabo en la región el procesado del mineral para convertirlo en hidróxido de litio o en otro compuesto útil para la fabricación de baterías. El Tribunal recuerda que, al establecer esa condición, Extremadura invade competencias que son exclusivas del Estado central, y además atenta contra la libertad de empresa.

Ni el proyecto de ENE en Cáceres ni el de Lithium Iberia en Cañaveral se ven afectados por la anulación de esos tres artículos porque ambos contemplan desde el primer momento plantas de procesado de litio al lado de los yacimientos, de manera que el decreto no les imponía ninguna condición nueva. Sin embargo, el Constitucional deja en vigor los dos puntos de la norma que de verdad interesan a estas dos empresas mineras: el Artículo 1, que declara de interés general el aprovechamiento del litio y su procesado, y la disposición adicional única, que permite tramitar los proyectos de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura como PREMIA (proyecto empresarial de interés autonómico), con todas las ventajas que conlleva, entre ellas la reducción a la mitad de los plazos administrativos, gozar de preferencia en la tramitación, acceder a subvenciones al empleo o disfrutar de facilidades para las expropiaciones que sean necesarias.

Para estas dos empresas, las únicas que actualmente tienen en Extremadura proyectos de extracción de litio viables a corto y medio plazo, procesar el mineral en el mismo yacimiento nunca ha sido una imposición, sino parte esencial de su estrategia. Sencillamente, carece de sentido extraer el mineral en un sitio y llevárselo a otro para procesarlo. No sería eficiente desde el punto de vista económico ni lo permitiría probablemente la Unión Europea por la enorme huella medioambiental que dejaría transportar tantas toneladas de mineral para refinarlo en otro lugar a decenas o cientos de kilómetros. Y es que, según los datos de ENE, para obtener una tonelada de hidróxido de litio se necesitan extraer aproximadamente 40 toneladas de mineral en bruto.

No hay que olvidar además que donde está el verdadero negocio del litio no es en la extracción, sino en el procesado. Lo que adquieren los fabricantes de baterías es el hidróxido de litio ya refinado que sale de plantas de tratamiento como las proyectadas en Cáceres y Cañaveral. Este compuesto se vende actualmente en el mercado internacional a unos 40.000 dólares la tonelada tras el máximo histórico de 80.000 dólares que alcanzó en 2022 debido a las tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania. Tanto ENE como Lithium Iberia prevén producir cada año en Extremadura entre 20.000 y 30.000 toneladas de hidróxido de litio, lo que, con los precios actuales, les reportaría unos ingresos brutos de entre 800 y 1.200 millones de dólares anuales durante el tiempo que mantengan la actividad. A eso habría que restar, claro está, los elevados costes de explotación tanto de los yacimientos como de las plantas de procesado.

Lo que demuestran estas cifras es que las empresas mineras con intereses en la provincia de Cáceres tienen motivos de sobra para procesar el litio en el mismo lugar en el que extraen el mineral, con independencia de que les obligue o no un decreto-ley, de manera que la sentencia del Constitucional no les perjudica en absoluto ni cambia los planes que tenían desde un principio. La parte que sí les interesa, la que les permite aprovecharse de los beneficios de ser PREMIA, se mantiene en vigor tras la resolución del tribunal.

Con todo, a día de hoy hay diferencias sustanciales entre la mina de Cáceres y de la Cañaveral que tienen que ver con las etapas distintas en las que se encuentra su tramitación. Lithium Iberia ya ha dicho que, dado lo avanzado de su procedimiento administrativo, ni siquiera va a solicitar la declaración como PREMIA para su proyecto en Cañaveral. Ya ha pedido el pase a concesión, es decir, la licencia de explotación, y actualmente se encuentra en proceso de responder a las alegaciones recibidas al proyecto de cara a obtener una declaración de impacto ambiental que, de ser positiva, le permitiría iniciar la actividad.

Caso distinto es el de ENE, que se encuentra aún ultimando la documentación necesaria para solicitar el pase a concesión de su proyecto en Cáceres, lo cual espera hacer antes de final de año. Ellos sí tienen intención de pedir la declaración como PREMIA con el fin de acortar los plazos administrativos y de beneficiarse del trato preferente, las subvenciones al empleo y las facilidades para las expropiaciones.