La Sierrilla demanda al Consistorio de Cáceres para que asuma el mantenimiento del barrio

La Sierrilla está considerada una de las áreas más exclusivas, no solo de la capital cacereña sino de toda Extremadura. Los residentes planteaban la disolución de las citadas juntas de conservación una vez que estas han cumplido los fines para los que fueron creadas y han cumplido los requisitos.

En el Consistorio no se ve así y sobre la base de los informes de los técnicos municipales se descartó esa opción. Ello habría supuesto asumir las infraestructuras y dotaciones actuales del barrio, situado en la zona norte, por parte de la administración, que a la vez tendría que ocuparse con medios públicos del mantenimiento.

El pasado 13 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) emitió una diligencia de ordenación en relación a este asunto. La Sierrilla 2 ha interpuesto un recurso y ya está en marcha un procedimiento judicial ordinario. El caso se ha analizado en una de las últimas sesiones de la junta de gobierno local del Consistorio.

El pasado 8 de febrero, este diario ya informó de que los propietarios del sector 2 deberían seguir pagando el mantenimiento del barrio tras darse por bueno el informe de la directora de Desarrollo Urbano en el que se reseña que es un «área de baja densidad residencial cuya funcionalidad actual es autónoma en relación con el resto del núcleo urbano».

Frente a ello, los propietarios sostienen que eso fue «hace años» y hoy están perfectamente integrados en la trama urbana de la ciudad.

También el sector 1 de La Sierrilla ha planteado como opción la vía judicial. El punto único del orden del día de la asamblea general de propietarios que convocó hace unas semanas era para «formular recurso contencioso-administrativo» frente al Ayuntamiento. También por «la no aprobación de la disolución de la entidad de conservación». La propuesta pasaba por «autorizar a la junta directiva para la elección de abogado, procurador y perito necesarios para la defensa de los intereses de la entidad de conservación en el contencioso administrativo».

El movimiento del equipo de Gobierno ante ese paso que dieron los propietarios fue el de designar a un representante en la junta de conservación denominada La Sierrilla 1-Olivar de los Frailes. El elegido fue el edil de Urbanismo, José Ramón Bello.

El problema de fondo es que los vecinos deben ocuparse del mantenimiento de sus infraestructuras, algo que viene siendo así por las propias características de esa zona residencial desde que se levantaron los primeros chalés. La Sierrilla es fruto de un programa de actuación urbanística (PAU) que se puso en marcha en 1986.

En diciembre de 2022, el presidente de la entidad de conservación La Sierrilla 2, Luis Felipe de la Morena, ya expuso la petición al Ayuntamiento para disolverla por, entre otras razones, «haber cumplido los fines para los que fue creada» legalmente. Sacar adelante esa iniciativa fue imposible a la vista de los informes técnicos. Por ejemplo, el jefe de la Inspección Municipal recordaba que las redes de abastecimiento de agua y saneamiento eran privadas. Las tuberías de agua potable son de fibrocemento y ese material hoy no cumple la normativa. Su adaptación tendría un coste próximo al millón de euros, exactamente 850.000 euros.

El estado de la red de saneamiento se desconoce. La limpieza viaria no aparece en el contrato de servicios municipal, por lo que sería necesaria una modificación del mismo.

El informe de la directora de Desarrollo Urbano concluye que se debe desestimar la solicitud de La Sierrilla 2, al tratarse de un residencial con escasa población «de carácter aislado». Los gastos de mantenimiento corresponden a la entidad de conservación.

En 2001, el Consistorio rechazó firmar un convenio y asumir servicios. El propio TSJ desestimó aquel recurso. «Se debe considerar ya como cosa juzgada, puesto que el contenido de la pretensión es básicamente idéntico», defiende el informe técnico.

«Pagamos IBI, vado, todos los impuestos, pero, ¿qué recibimos a cambio del Ayuntamiento?», se preguntaba el presidente de la junta de conservación. Tras la diligencia de ordenación del TSJ, se concede un plazo de 10 días al Consistorio para la presentación de alegaciones. El caso ya se ha encomendado al gabinete jurídico municipal.