Solo uno de los acusados en el macrojuicio de drogas de Cáceres reconoce que traficaba

«Nosotros nunca, jamás, hemos traficado con drogas, se lo pueden preguntar a cualquiera en el pueblo», afirmó este martes en la Audiencia de Cáceres una acusada de pertenecer a una banda criminal, la mayoría de sus miembros de Moraleja, dedicada a traer cocaína a la provincia de Cáceres desde Madrid. Detrás de ella estaban sentados otros nueve acusados, de los que todos dijeron ser inocentes menos uno: el supuesto jefe del clan, apodado 'Wiber', que confesó que había traficado con droga, pero para poder seguir consumiendo.

Según la acusación del fiscal, la banda estaba formada por 22 personas, de las que 12 ya confesaron, el pasado 8 de marzo, que habían cometido delitos de venta de droga o blanqueo de dinero, aceptando penas de prisión desde los seis meses a los cuatro años y diez meses de cárcel.

El juicio seguirá hasta el próximo mes de abril con el resto de los 10 acusados. Este martes han prestado declaración, en la que negaron pertenecer a una banda criminal; pero en las siguientes sesiones declararán los miembros de la Guardia Civil de Cáceres que les investigaron, asegurando que sí eran una banda que había obtenido numerosos beneficios. Según esa investigación 'Wiber' y su mujer, también acusada, llegaron a cobrar 17.705 euros del paro, cuando en las tres viviendas que según los agentes usaban, se encontró casi 300.000 euros en efectivo, y tenían a su nombre o al de sus familiares 12 vehículos.

La mayoría de los 10 acusados tienen como abogado defensor a Marcos García Montes que ha pedido que se anulen los registros en los que se encontró droga, armas y dinero. «Hay una irregularidad que se comete -afirma-, y es que en la diligencia de entrada y registro, el secretario judicial, hoy letrado, tiene que leer en voz alta la diligencia para que la entienda la persona a la que van a registrar, que se le dé una copia y que esa persona vaya con los agentes, dependencia por dependencia para que conste que está en el registro; no que le sienten en el sofá y que espere. Uno de mis clientes, con razón, se negó a firmar, porque tenía que ir con los agentes acompañándoles en el registro». También señala que los agentes piensan que sus clientes hablan de droga en los teléfonos intervenidos «cuando hablan de una perra llamada Nora». Por otra parte, apunta que se intervino el teléfono a un menor, cuando eso solo lo puede ordenar el juez de menores.

Jacobo Teijelo, abogado del acusado de ser el cabecilla, afirma que éste tiene una situación peculiar, «él es toxicómano y reconoce el tráfico de drogas, pero no que pertenece a una organización criminal, ni que blanqueó dinero. Es más un enfermo que un delincuente». Este abogado se queja de que las fuerzas de seguridad persigan a clanes, «es un elemento importante que en las operaciones que se producen en Extremadura, en vez de ir a perseguir a las personas se persigue a la familia. Hay otro procedimiento, pendiente de resolver por el Tribunal Supremo, porque se notaba una persecución por clanes y eso no puede ser: hay que perseguir a las personas que cometan delitos concretos, no a clanes familiares. En este juicio de Cáceres hay un montón de personas que no tienen nada que ver, y esto puede traer problemas para España en el Tribunal de Derechos Humanos, con estas operaciones que persiguen a familias».

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