El Supremo ratifica que no puede haber grandes plantas solares en suelo protegido Llanos de Cáceres

Ahora en una sentencia del pasado 22 de marzo, el Tribunal Supremo señala que «no ha lugar a los recursos de casación interpuestos por la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayuntamiento y Parque Solar Cáceres». Esta empresa, de Iberdrola, era la que promovía la fotovoltaica de los Arenales y la que en septiembre de 2019 había solicitado la modificación.

El fallo del Supremo reseña que la protección del suelo no urbanizable los Llanos «es consecuencia de ser soporte fundamental de algunas de las zonas con las que colinda incluidas en la Directiva Hábitats como hábitats prioritarios». También incide en que al no haberse sometido a una evaluación ambiental ordinaria se desconocen posibles afecciones negativas respecto al área de Natura 2000.

«Declaramos que la regresión en materia de medio ambiente en la planificación urbanística es una cuestión fáctica que puede llevarse a cabo sin que para ello sea requisito o condición una alteración de la calificación o de los usos urbanísticos», concluye.

El anterior fallo del TSJ ya anuló la resolución de la Junta que confirmaba el cambio de la norma. «No vamos contra el crecimiento económico ni contra la creación de empleo. Han hecho mal la tramitación», defendió entonces Adenex, que insistió en que los proyectos que se monten deberán estar «fuera de suelo protegido no urbanizable Llanos. «No tendrá consecuencias económicas para el Ayuntamiento», respondió en su momento el alcalde, Luis Salaya, que dijo que «todo se ha hecho muy bien» y anunció un recurso.

En un auto del 20 de septiembre, el TSJ ya paralizó de forma cautelar los procedimientos administrativos para autorizar plantas mientras llegaba la resolución definitiva del Supremo. En la misma se confirma la anulación del cambio del PGM que permitía las grandes plantas en SNUP-Llanos y queda ratificada la sentencia del TSJ sin que haya pronunciamiento sobre las costas.

Se volverá a la anterior situación, en la que sí se admitían plantas pero se limitaba la capacidad a 5 megavatios y 10 hectáreas. La resolución del TS pone en primer término el llamado principio de no regresión, que entiende como un «instrumento eficaz para evitar la supresión» de un nivel de protección ambiental de espacios naturales que pueden sufrir daños irreversibles. La sentencia, que es firme, no determina cómo queda la planta de los Arenales, ya operativa. Para el TSJ el cambio urbanístico no se justificaba por un interés general sino particular.