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La cacereña Patricia Parra, a punto de cumplir los 30 años, llevaba siete esperando que le asignaran una vivienda social. En enero la Junta de ... Extremadura le entregó las llaves de un piso del número 8 de Juan García García, en la barriada de Aldea Moret.
En el edificio, de seis plantas más el bajo, con cuatro pisos por rellano, residen una veintena de vecinos. El resto de viviendas están vacías y tapiadas para evitar las ocupaciones ilegales.
La joven relata que no pudo instalarse con su única hija hasta dos meses después de resultar adjudicataria. Y denuncia que la vivienda presenta desperfectos. «Hasta marzo no me cambié porque el anterior inquilino estaba enganchado ilegalmente al contador y tardaron dos meses en darme la luz», se queja.
Pese a tratarse de un espacioso piso de cuatro habitaciones, la vivienda, por la que paga un alquiler reducido de 83 euros por encontrarse en situación de desempleo, tiene numerosas deficiencias, según su testimonio.
Detalla que hay goteras en el techo de la cocina y que algunos interruptores de luz no funcionan. Explica además que las cisternas sufren pérdidas de agua y que en una habitación se está abriendo una grieta que la inquilina achaca a «problemas estructurales» de bloques lindantes, con grietas en sus fachadas.
Cabe recordar, en este sentido, que la Junta ha desarrollado trabajos de consolidación en la hoja exterior de un inmueble de Germán Sellers de Paz ante la fisura que se localizó hace unos meses en una esquina, junto a una bajante de agua.
«Los patios comunes –prosigue– están llenos de basura, no puedes ni abrir las ventanas por el mal olor que desprenden». «Hay cucarachas en el piso y han entrado dos ratas que no sé por dónde lo han podido hacer porque lo tengo todo tapado», ilustra Parra, que asegura haberse dirigido a la trabajadora social de la Junta para que la administración le asigne otra vivienda fuera de Aldea Moret.
«Si el piso está muy bien, es muy grande –admite– pero la zona no es muy acorde porque en este barrio he visto de todo», apunta esta desempleada, que se está formando con Cruz Roja para poder trabajar en las plantas fotovoltaicas. «Cogí el piso porque lo necesitaba», sostiene. «Y si renunciaba no volvía a tener otra oportunidad», lamenta.
Desde la Consejería de Vivienda indican que para solicitar un cambio es necesario llevar residiendo un año en la vivienda y que la comisión técnica de intervención social lo estudie y apruebe.
Matizan, además, que la mujer no ha presentado ninguna solicitud en el registro, ni ha solicitado información a la trabajadora social del Servicio de Adjudicación, encargado de tramitar las reparaciones de las viviendas de promoción pública. «No se ha recibido ningún escrito ni ninguna queja presentada por otros medios relacionada con los desperfectos de la vivienda a los que hace referencia esta persona».
La administración remarca, por otra parte, que antes de la entrega de llaves se llevaron a cabo arreglos en la vivienda en albañilería, carpintería de aluminio y madera, fontanería, pintura e instalación de electricidad por un importe de 13.230 euros.
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