El Tribunal Supremo zanja el contencioso sobre la Torre Redonda y resuelve que es propiedad de Cáceres

El juzgado de primera instancia y posteriormente la propia Audiencia rechazaron esos argumentos al señalar que aquel acuerdo del siglo XVIII no se corresponde con un título de propiedad o dominio. De hecho, se apuntaba que la muralla y la torre son bienes de dominio público de carácter inalienable e inembargable

El contencioso concluye en el Tribunal Supremo con un recurso de casación que interpuso la representación letrada de la mujer contra la sentencia de febrero de 2023 que rechazó ya su recurso de apelación inicial. En una providencia del 26 de marzo, el alto tribunal no admite tampoco este recurso de casación por lo que se da por zanjado el caso también en la vía judicial.

La resolución ha pasado por la Junta de Gobierno local celebrada este viernes. El Ayuntamiento ha reseñado que se rechaza el recurso, según recoge la providencia, «por carencia manifiesta de fundamento por impugnar la interpretación del contrato, sin atenerse a los requisitos establecidos por la jurisprudencia para el acceso al recurso de casación (ser la interpretación arbitraria, irracional, ilógica o contraria a un precepto legal)».

«La parte alega y pretende simplemente una interpretación distinta de la de la Audiencia, lo que no cabe, no justificándose que la interpretación que hace la Audiencia sea ilógica, arbitraria o contraria a precepto legal. Estamos además ante un acto administrativo en el que por tanto no existe interés casacional», recoge. De esta forma la sentencia anterior se considera ya firme y la recurrente deberá hacerse cargo de las costas.

La Torre Redonda forma parte de los referentes turísticos de Cáceres y ha entrado en los planes del Consistorio para poder hacerla visitable. Para ello se iniciaron las obras de remodelación de esa parte de la muralla en una segunda fase de las intervenciones que sin embargo fue paralizada tras retirar el Ministerio de Transportes su subvención de 844.000 por cambios en el proyecto. Un segundo litigio ha enfrentado, a su vez, la constructora adjudicataria y al Ayuntamiento.