El TSJ tumba el cambio urbanístico que permite macroplantas solares en suelo protegido en Cáceres

No hay un interés general en el cambio sino particular. No se razona la modificación urbanística y se ponen en riesgo valores ambientales cuya protección garantiza el actual Plan General Municipal (PGM). Los argumentos de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura se reproducen en una sentencia de 20 páginas que anula la modificación urbanística del Ayuntamiento y la Junta de Extremadura para la instalación de macroplantas solares fotovoltaicas en suelo no urbanizable protegido Los Llanos.

El alto tribunal admitió en marzo pasado el recurso presentado por Adenex, que ya hizo alegaciones en vía administrativa. Ahora, el fallo tumba la modificación del PGM, defendida por el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, como «algo bueno para la ciudad, de interés general porque hablamos de empleo». Así lo explicó a HOY en abril de 2020. Algunos informes advertían de que la modificación podría afectar al crecimiento de la capital por Capellanías y Ceres Golf, además de tener impacto visual desde el casco histórico.

«No se ofrece la suficiente motivación para modificar el PGM de Cáceres en razón al interés general y no se ofrecen alternativas a fin de que las plantas solares fotovoltaicas puedan desarrollarse en suelo que no sea suelo no urbanizable de protección». Es lo que dice el TSJ. Alude a un fallo anterior cuyo contenido considera asimilable. Se trata de otra modificación del Plan que permitía usos industriales en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección Llanos. Tampoco se justificaban usos industriales en suelo que había sido protegido en el PGM en 2010. Entonces, el recurso judicial también fue de Adenex. Su portavoz, Antonio García, destaca la sentencia del TSJ: «Nos da la razón pero sobre todo pone coto a la instalación sin el menor reparo de grandes plantas solares en un suelo protegido». En una primera estimación, subraya el representante de Adenex, que al menos tres de los principales proyectos en ciernes se ven afectados, a la espera de ver qué pasos administrativos da el Consistorio.

Se trata de la planta solar El Jabalí, Piñuelas y Aldea del Cano. Esta última se tramita ante el Ministerio para la Transición Ecológica con una doble instalación que ronda el millar de megavatios de potencia pico por parte de Acciona. También está directamente aludida la de Los Arenales, promovida precisamente por Parque Solar SL (del grupo Iberdrola). Fue la mercantil que promovió el cambio del PGM para permitir estas actividades.

No es un proyecto cualquiera. Son 150 megavatios de potencia. La inversión inicial se cuantificó en unos 100 millones. Solo por ICIO y canon urbanístico el Consistorio ya ha recaudado más de tres millones. Con la instalación en marcha, el pago de impuestos continuaría al alza por lo que el roto en las arcas municipales sería notable en caso de una suspensión de la actividad que por ahora no se valora. HOY no recibió respuesta por parte de la eléctrica ni del concejal de Urbanismo, a quienes se dirigió por escrito.

Sí se mostró claro sobre ello Adenex. «Nosotros no vamos contra el crecimiento económico ni contra la creación de empleo. Los que han hecho mal la tramitación son ellos». Antonio García insiste en que «hay mucho suelo no protegido en el que se pueden establecer estas actividades. Y no se hace». Cita como ejemplo de haber hecho los trámites correctamente la iniciativa de Alter Enersun entre Cáceres y Casar.

Como ese, el resto de proyectos que vengan deberán estar «fuera del suelo no urbanizable protegido Llanos», afirma el dirigente de Adenex. La organización conservacionista valoraba ayer la sentencia, que aún no es firme, así como si pedirá su ejecución.

«Lo que hemos pretendido con este paso es parar la instalación descontrolada de parques solares en suelo protegido, no hacer daño a ninguna empresa concreta. Por ejemplo, nos preocupaba la instalación gigantesca de Aldea del Cano. También está en el término de Cáceres», concluye.

«No se justifica», recoge la sentencia sobre el proyecto de Los Arenales, que la modificación «responda verdaderamente al interés general y a las necesidades del municipio». Insiste en que en ningún momento se valora ese «interés general» sino que es una mercantil la que promueve el cambio por su legítimo interés y el Consistorio sigue sus pasos en la tramitación.

«Lo que no es viable es que la modificación del PGM de Cáceres se construya únicamente sobre la solicitud de una empresa solar fotovoltaica, a instancia de ella, y durante la tramitación no se compruebe, acredite y justifique en qué medida la modificación garantiza el cumplimiento del interés general, la protección del medio ambiente y el principio de no regresión», aclara el TSJ en su fallo del 30 de diciembre. Avanza que «no se expone cuál es la verdadera motivación, finalidad y objetivo de esta modificación desde el punto de vista del interés general» y afirma que el Documento Ambiental Estratégico no contempla alternativas.

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