En la entrada del número 8 de Río Tíber, en Aldea Moret, aparecen los números y letras de cada vivienda con el telefonillo ligeramente ... chamuscado. Edificio Pilares Amarillos, se lee. Es de titularidad municipal. Nada más entrar, un carrito de bebé, en las zonas comunes. A la izquierda, un bajo, ocupado ilegalmente, según los vecinos. A su lado otro, también con okupas.
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«Se han llevado la instalación de la luz. Vamos a hablar con el IMAS. Tienen que volverlo a tabicar. pero, lo mismo vuelven a tirar el tabique. ¿Qué hacemos?», se pregunta una vecina que se lamenta porque ya no sabe qué más pueden hacer quienes viven allí «decentemente». Entre ocupaciones irregulares y casas cerradas de propiedad municipal pero cuyas cuotas no paga el propio Ayuntamiento, según el administrador del inmueble, «la situación es insostenible».
«Se prohíbe jugar en el patio y pasillos con balones, pelotas y cualquier objeto que pueda causar ruido», se lee sobre un mensaje con letras de mayor tamaño en el que también se prohíbe la entrada a cualquier persona ajena a la comunidad. No se cumple.
«Se ha abierto el Bajo 2. No sabemos para qué. En el tercero hay inquilinos que tampoco sabemos cómo están, si de alquiler o en propiedad. No pagan. Se debe un montón de comunidad», revela una propietaria que se confiesa cansada y que critica la falta de acción municipal.
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Fue el pasado 22 de abril cuando se detectó la última ocupación ilegal. En este tiempo, subraya, ni se ha respondido desde el Consistorio a sus quejas ni se ha tomado ninguna decisión. El concejal portavoz, Ángel Orgaz, explicó hace una semana que el propio alcalde y la concejala de Asuntos Sociales, Encarnación Solís, habían encargado un informe para conocer al detalle cómo está la situación de las viviendas sociales municipales y esas ocupaciones. «Esto es un suma y sigue. Nadie sabe como nosotros lo que estamos pasando», incide esa vecina. También pregunta por los contadores individuales de agua, que se llegaron a presupuestar en el Ayuntamiento pero que siguen sin ponerse.
«Nos tienen totalmente abandonados. En este bloque viven personas que ponen en peligro la convivencia –reconoce–, ilegales, pero también estamos personas decentes que pagamos nuestros impuestos y lo sufrimos». «El Ayuntamiento tiene deudas en ese bloque por miles de euros», confirma el administrador. La cifra exacta no la puede concretar porque está pendiente de revisión toda la documentación oficial.
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Ha redactado un escrito en el que traslada que el mantenimiento del bloque se ha convertido en un serio problema ya que con las cuotas que pagan quienes tienen sus viviendas no llega. «Hay pisos ocupados ilegalmente y otros tapiados y nadie se hace cargo», añade.
El escrito se va a presentar en los próximos días en el registro del Consistorio. «Vamos a reclamar por la falta de diligencia del Ayuntamiento con los propietarios del inmueble por un lado y por otro porque no se están habilitando medidas desde la administración para el desalojo de los ilegales que ocupan ese edificio», corrobora.
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El administrador admite que los inquilinos legales se ven perjudicados porque el deterioro va a más y la conservación del bloque se resiente.
En el equipo de Gobierno se han activado demandas judiciales sobre casos concretos de ocupaciones. No obstante, por el momento no se han facilitado datos sobre el alcance de las mismas y el número de sentencias dictadas en los tribunales.
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