Qué ventajas concretas tendría para la mina de Cáceres ser declarada estratégica por la UE

Entre las ventajas que otorga declaración, se establece que la duración del proceso de autorizaciones no podrá superar los 24 meses para los proyectos que requieran extracción, y si esos proyectos se están ya tramitando cuando sean declarados estratégicos, como sería el caso de las minas de litio cacereñas, ese plazo máximo no superará los 21 meses. Durante ese procedimiento, una vez que el proyecto solicite la declaración de impacto ambiental, la administración tendrá solo 20 días para comunicarle qué información deberá incluir en el informe ambiental, y además «la autoridad nacional competente» deberá «orientar» al promotor a lo largo del proceso.

Una vez que se reciba toda la información, la declaración de impacto ambiental se tendrá que emitir en un plazo máximo de 80 días. Cuando el proyecto reciba todos los permisos para comenzar a operar, la labor de apoyo de los Estados no termina. Tanto el Gobierno central como las administraciones regionales y locales estarán obligados a darles asistencia para cumplir sus obligaciones administrativas, y en todo caso a darles prioridad sobre otros expedientes que no tengan esa declaración estratégica. También se dan facilidades para la financiación.

El reglamento establece que para que un proyecto sea declarado estratégico deberá cumplir unos requisitos, entre ellos que «contribuya significativamente a la seguridad en el suministro de materias primas de la Unión», y que «sea o vaya a ser técnicamente viable en un plazo razonable y que el volumen de producción previsto pueda estimarse con un nivel de confianza suficiente».

La mina litio de Cáceres, y también la de Cañaveral parece que se ajustan sin problemas a esos dos criterios, si bien esta última no ha anunciado que haya optado a obtener esta calificación. Eso sí, para poder ser declaradas proyectos estratégicos deberán cumplir también una tercera condición más incierta: que «se ejecute de manera sostenible, en particular en lo que se refiere a la prevención y minimización de los impactos sociales, medioambientales y climáticos, incluidos los que atañan al agua, al aire y el suelo».

Los proyectos que aspiran a ser estratégicos, además de demostrar que cumplen los requisitos técnicos exigidos, deben añadir un plan de «medidas para garantizar la implicación activa de las comunidades afectadas». En el caso de los proyectos extractivos, como son las minas de litio cacereñas, también han de incorporar «un plan para mejorar la situación ambiental de las zonas tras el fin de la explotación», y si la mina está en suelo protegido, como es el caso de Valdeflores, se exige además demostrar «el vínculo tangible entre el proyecto y el interés público».