La vida en un edificio inhabitable

La primera imagen que se vislumbra nada más acercarse al número 8 de la calle Germán Sellers de Paz ya anticipa lo que se encuentra en el interior de este bloque de viviendas de la barriada de Aldea Moret. A media mañana de un día laborable hay que esquivar desagradables manchas de vómitos recientes y numerosos desperdicios esparcidos por la acera de la puerta principal para salvar el portal y acceder a las zonas comunes del edificio.

Se trata de uno de los inmuebles de protección oficial que entregó la Junta de Extremadura hace unos 22 años a familias con pocos recursos, que residen en ellos abonando un alquiler social de unos 70 euros.

En este bloque hay 28 viviendas distribuidas entre las cinco plantas y el bajo. Son pisos de amplias dimensiones, y actualmente permanecen ocupados unos once. El resto están vacíos y tienen, incluso, las puertas tapiadas. Hay residentes que los habitan desde que se adjudicaron, como Ángel Bejarano, que lleva aquí 21 años, y otros que, simplemente, han decidido ocuparlos ilegalmente derribando las puertas empleando la fuerza. Aquí la administración regional también ha realojado a algunos de los vecinos del bloque 2 de la calle Ródano, que se desocupó en 2017 para someterse a una rehabilitación y que está ya en obras.

La vista tras entrar en el edificio es desoladora. La suciedad impregna cada uno de los rincones de los espacios compartidos. El ascensor lleva años estropeado y está reventado. Los cuartos y contadores de luces están destrozados y junto a ellos se amontonan ratas que han perecido electrocutadas. No funciona la electricidad en la escalera y hay que ayudarse de la luz del móvil o de una linterna para poder introducir la llave en la cerradura de los pisos.

«Hace dos semanas me robaron los fusibles y me dejaron sin luz, tuve que dar parte a Iberdrola», cuenta Bejarano, que relata que lleva años de lucha para que le asignen otro piso. «Yo lo que quiero es una vivienda digna porque aquí no se puede vivir; las pocilgas de los cerdos están más limpias que esto», se lamenta este divorciado que reside en un tercero e ingresa una ayuda de 426 euros.

Otro inquilino de la segunda planta, que con anterioridad vivía en el 2 de Ródano, invita a este diario a pasar a su casa. Desea mostrar el estado en el que se encuentra uno de los patios interiores del inmueble. A este lugar dan ventanas de viviendas de los números 8 y 9. Si en los bajos se veían paredes y tabiques rotos, restos de escombros y cantidades ingentes de basura y mugre acumuladas, desde el lavadero de este vecino, tras atravesar su cocina, se divisa un foso colmado de plásticos, ropa tirada, envases vacíos y otros desperdicios. Una auténtica escombrera que va creciendo y se convierte en un hábitat por el que las ratas corren a su antojo. «Salen de uno de esos pisos cerrados y trepan hasta las viviendas, subiendo y bajando también por la escalera», indica este vecino de etnia gitana, que reside aquí con su esposa y dos de sus hijos, una adolescente y un niño más pequeño. «Esto da asco, cuando entramos en casa dejamos las zapatillas en la puerta del piso para no entrar la porquería. Aquí la gente no respeta nada», se queja el hombre, que paga un alquiler de 65 euros. Tanto este vecino como Ángel Bejarano manifiestan que están al día en el pago de los recibos, pero confiesan que «la mayoría de inquilinos ya no pagan la comunidad».

Bejarano explica a HOY que ha solicitado una casa en un bajo porque, además de la insalubridad patente en el bloque, padece de artrosis y tiene una minusvalía del 40 por ciento que le impide subir y bajar con agilidad las tres plantas. La Junta de Extremadura afirma que se atendió su petición «ofreciéndole una vivienda en planta baja acorde a sus necesidades, que ha rechazado». Un extremo que el hombre confirma y declara que lo hizo «porque era en el edificio de al lado, en el 9, que está en una situación similar a este».

La administración aclara, a su vez, que Bejarano tiene un procedimiento abierto por no ocupar la vivienda como domicilio habitual. Sin embargo, el vecino asegura que reside aquí desde hace 21 años y que el piso «sólo se ha cerrado seis meses» durante su proceso de separación. Desde el IMAS apuntan que conocen el caso «y se le tiene (al hombre) un seguimiento», y añaden que se llevó a cabo una desratización en el edificio «no hace mucho tiempo».

La Junta señala que trabaja para «dignificar y mantener el parque social de viviendas», y recuerda que «los vecinos deben respetar, mantener y limpiar los espacios y elementos comunes del edificio, evitando las conductas asociales que degradan la convivencia y provocan, en algunas ocasiones, condiciones de insalubridad que suponen un riesgo para la salud».

Próximo a este inmueble se encuentra el también polémico bloque C de la calle Ródano, a la espera de que el Ayuntamiento despeje su futuro. Salaya se comprometió a su derribo si llegaba a la alcaldía.