El juzgado decomisará las acciones del Badajoz si vuelven a manos de Parra

Todo parte de una reclamación presentada el 28 de septiembre por el empresario sevillano para recuperar el control del club, escudándose en que el pago del primer plazo se había efectuado a finales de septiembre, cuando el acuerdo era que se abonarían los primeros 300.000 euros del montante total (1,5 millones) el 30 de julio. El auto de 2 de marzo del juez Juan Carlos Velasco dictaba que el contrato quedaría sin efecto si se incumplían esas ventanas de pago y las participaciones regresarían a la parte vendedora. Lanuspe sostuvo que al demorarse la firma esos plazos también se ampliaban.

En el marco de este fuego cruzado entre ambas partes, el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga estableció en el auto del 21 de octubre que prevalece el hecho de que, aunque se haya producido fuera de tiempo, se ha sufragado ese compromiso y «no ha lugar a la resolución por parte del juzgado del contrato de compraventa», en consonancia con lo transmitido por el Ministerio Fiscal en sus diligencias previas del 11 de octubre, en cuyo escueto pronunciamiento expresa además que «se trata de una cuestión civil que excede de la competencia del juzgado y que además consta consignado el pago del primer plazo pactado para la compra», un punto que aparece recogido en el tercer apartado del razonamiento jurídico del propio auto en el que transmite que se trata de un litigio que se escapa de sus competencias.

Sí decide, en cambio, acordar como medida cautelar el decomiso de las acciones, poniéndolas bajo tutela judicial en caso de que el contrato se resuelva y se «proceda a devolver la titularidad registral de las mismas a la mercantil Feverstone». En el cuarto razonamiento jurídico se especifica que tal y como ha solicitado la Policía judicial, esas medidas son pertinentes «contra personas físicas y jurídicas investigadas por su presunta participación en hechos delictivos objeto de la presente causa» y que ha tenido a Joaquín Parra en prisión preventiva durante aproximadamente un año. El objetivo es proteger el patrimonio, en este caso las acciones del Badajoz, evitando su «desaparición, transformación o transmisión ulterior».

Desde Lanuspe, su asesor jurídico, Diego García, aseguró a este diario que el decomiso de las acciones se produciría únicamente en el supuesto expresado en el auto y transmite tranquilidad porque todo sigue transcurriendo con normalidad. «No hay nada digno de mención más que hay que ganar partidos», explica. Respecto al listado provisional del concurso de acreedores, que anunció que estaría esta semana en el juzgado, esgrimió que cuestiones personales del administrador concursal han retrasado el proceso, así como las dificultades para obtener las cuentas anuales. «Seguro que antes de finales de noviembre estará resuelto», sostiene.