La venta del Badajoz, pendiente de Lanuspe

El juez Juan Carlos Velasco, en su auto del 2 de marzo, incluye dos condiciones resolutorias, que obligan al grupo de Oliver, para permitir la venta a instancias cada una por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que el pasado mes de febrero comunicaron que no se oponían a la compraventa siempre que se contemplaran estas cláusulas. La primera indica que el contrato quedará sin efecto en el caso de que la parte compradora incumpla con los plazos de pago y las acciones serán devueltas al vendedor. Y la segunda, que esas cantidades deben ser ingresadas en una cuenta consignada por el Juzgado malagueño. Además, se recuerda que en el momento de la firma de la escritura pública de compra-venta, la parte compradora debe presentar una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble del 20 por ciento del valor total del importe de la venta. El acuerdo alcanzado entre la familia Parra y Lanuspe asciende a 1.500.000 euros a pagar en cinco plazos, el primero de 300.000 euros antes del 30 de julio de 2022 y los cuatro pagos posteriores cada mes de septiembre hasta 2025. Esa garantía prevalecerá hasta el cumplimiento de todos los compromisos de pago.

De esta manera, es el grupo de Oliver el que tiene que dar los siguientes pasos para hacer efectiva la venta en el sentido de hacer la tasación, presentar el aval y aceptar las condiciones de la Fiscalía.

Antonio Rubio asegura que Joaquín Parra tiene voluntad de vender. «Joaquín quiere lo mejor para el Badajoz. Somos nosotros los que hemos presentado la oferta en el Juzgado». El letrado no se atreve a dar un plazo para culminar definitivamente el traspaso debido a que los trámites judiciales llevan su curso, pero aclara que espera que sea rápido. «Queremos que esta situación transitoria se solucione lo antes posible».

Cuestionado por la situación de Joaquín Parra, señala que no ha cambiado a pesar de que por parte de su defensa se ha solicitado en reiteradas ocasiones su puesta en libertad condicional. Recientemente se ha desestimado un recurso ante Apelación y ahora se va a interponer un incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia Provincial de Málaga. De no salir adelante, el siguiente paso sería presentar un recurso de amparo ante el Constitucional.