Detienen por apropiación indebida al expresidente del atletismo regional

Después de que en noviembre de 2020 tanto Carrapiso como Talavera fuesen condenados con sentencia firme a un año de prisión por un delito de falsedad documental, la investigación de esta nueva causa se inició en marzo de 2022 a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano, quien alertó sobre una posible desviación de fondos de la Federación Extremeña de Atletismo entre los años anteriormente citados.

Tras verificar en una primera fase de la investigación la estrecha relación existente entre los tres detenidos a través de un exhaustivo análisis tanto de las cuentas bancarias federativas como de las personales, la Guardia Civil, con la correspondiente autorización judicial, aprehendió en el domicilio de uno de los investigados diferentes enseres, como joyas o electrodomésticos, que supuestamente habían sido adquiridos con una tarjeta de crédito del ente federativo.

Noticias Relacionadas

Tres detenidos por desviar 300.000 euros de la Federación Extremeña de Atletismo

redacción

Carrapiso y Talavera, condenados con sentencia firme a un año de prisión

REDACCIÓN

La investigación arroja que el montante económico ronda los 300.000 euros, pues la Guardia Civil también intervino documentación acreditativa de la utilización de la tarjeta para fines personales, como el pago de repostaje de vehículos particulares o compras en supermercados. Asimismo, se concluye que, presuntamente, uno de los investigados desvió a sus cuentas personales dinero que la Federación Extremeña de Atletismo le aportaba para que pagase a los jueces de competición. La investigación también constata que dos de los encausados pagaron con dinero de la federación las respectivas multas a las que ambos habían sido condenados en una sentencia judicial, así como los honorarios de los letrados que les habían defendido.

Tal y como ya informó HOY, tanto Carrapiso como Talavera, dos de los tres detenidos en la 'Operación fondista', habían sido condenados en noviembre de 2020 con sentencia firme a un año de prisión por un delito de falsedad documental. En esta misma causa también se les aplicó una inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y se les impuso una multa de 10 euros diarios durante ocho meses, además de tener que asumir el pago de las costas judiciales, incluidas las de la acusación particular. Todo ello tras falsificar e introducir en el tráfico jurídico un acta de una asamblea que nunca llegó a celebrarse.