Prejubilados de oro, las salidas millonarias del Ibex

A nadie le gusta que le despidan, pero si te vas con los bolsillos llenos, el disgusto puede fácilmente convertirse en alegría. El cese de Ángel Cano, consejero delegado del BBVA hasta el pasado lunes, ha vuelto a poner de actualidad los 'colchones' de los más altos directivos de las grandes empresas españolas. Cano, que sólo tiene 53 años, cuenta con un plan de pensiones de 26 millones de euros acumulados por las aportaciones que el BBVA ha ido realizando en los últimos años (2,6 millones en 2014). Se trata de una cifra inalcanzable para el común de los mortales, pero las hay todavía más elevadas.

La indemnización más alta fue la que Emilio Botín pagó a Ángel Corcóstegui en 2002 al abandonar el BSCH: 108 millones. Corcóstegui era consejero delegado de la entidad que resultó de la fusión entre Banco Santander y el Central Hispano. Anteriormente, también había tirado la toalla el copresidente José María Amusátegui con una indemnización de 48 millones.

Las altísimas indemnizaciones pagadas por el BSCH que dejaron el campo libre a Emilio Botín en la entidad fueron llevadas a los tribunales. La jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios concluyó que podría haber un presunto delito de administración desleal. Sin embargo, en 2005, la Audiencia Nacional absolvió a Emilio Botín, a José María Amusátegui y a Ángel Corcóstegui de los delitos de apropiación indebida y administración desleal de los que habían sido acusados por el exconsejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y el abogado Juan Francisco Franco. El tribunal consideró que los pagos millonarios fueron «proporcionados» al trabajo realizado, «transparentes» y aprobados por el órgano competente, el consejo de administración.

La salida de Amusátegui y Corcóstegui puso fin a la guerra soterrada entre rojos (Santander) y azules (Banco Central Hispano) con la victoria de los rojos. Ana Patricia Botín, que había sido 'sacrificada' en esta pelea para apaciguar a Corcóstegui al haber aparecido como futura sucesora fue nombrada presidenta de Banesto, punto de arranque en su reincorporación que la ha llevado finalmente a la presidencia del Santander. El banco cántabro ha sido el que mayor indemnización ha pagado y también lidera los planes de pensiones multimillonarios. Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander durante más de una década y 19 años en el grupo, tuvo que dimitir en 2013 después de que el Tribunal Supremo confirmara la anulación parcial del indulto que le había concedido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su último Consejo de Ministros.

Sáenz había sido condenado en 2011 por el Supremo a tres meses de prisión por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993. Al anularse el indulto, Sáenz volvía a tener antecedentes penales y el Banco de España debía decidir si el banquero cumplía los requisitos de honorabilidad exigidos. Antes de que se pronunciara, Sáenz optó por marcharse. Lo hizo con un plan de pensiones de más de 88 millones de euros. Con 63,6 millones en su plan de pensiones dejó el banco Francisco Luzón en 2012, cuando era consejero y director general para Latinoamérica.

'Goiri' y Cano, víctimas de FG

El cese de Ángel Cano no ha sido el único ejecutado por Francisco González. José Ignacio Goirigolzarri, antecesor de Cano como consejero delegado del BBVA entre 2001 y 2009, también fue laminado por González. Cuando se especulaba con que sería el posible sucesor de FG -como se le conoce en el ámbito financiero- y tras sucesivos desencuentros, González lo destituyó. Eso sí, Goirigolzarri se marchó con una pensión de 52,5 millones de euros en pagos de tres millones anuales.

Hace justo tres años, Goirigolzarri volvió a la banca. Tras la debacle de Bankia con Rodrigo Rato, Luis de Guindos le llamó para enderezar el entuerto y que el Estado pudiera recuperar lo más posible de las ayudas públicas recibidas por la entidad. Los tres mayores bancos españoles han sustituido en los últimos meses a sus número dos. Ana Botín sustituyó a Javier Marín por José Antonio Álvarez, y el presidente de Bankia, Isidro Fainé, destituyó a Juan María Nin con una indemnización de 15 millones de euros, seis anualidades de su retribución fija.

Las fusiones o las peleas empresariales son un caldo de cultivo inigualable para las indemnizaciones millonarias. Manuel Pizarro, presidente de Endesa entre mayo de 2002 y octubre de 2007 se marchó de la empresa energética con los bolsillos llenos tras el triunfo de la OPA de Acciona y Enel sobre la compañía. Pizarro se hizo famoso por la resistencia que planteó a la OPA de Gas Natural sobre Endesa por «hostil e insuficiente».

El conflicto acabó politizado y apareció la eléctrica alemana Eon, que ofrecía un 29% más que Gas Natural. Al final, acabó haciéndose con la empresa española la italiana Enel, a casi el doble que lo ofrecido por Gas Natural. Pizarro se convirtió en un héroe para los pequeños accionistas de la época. Y a él tampoco le fue mal cuando tuvo que dejar la empresa con el nuevo accionista. El turolense tenía un blindaje de varias anualidades si su salida se producía por el cambio de control de la compañía. El año que se fue cobró 18,5 millones, de los que 14,1 millones correspondieron a «otras retribuciones» y la parte del león era la indemnización.

El Código de Buen Gobierno aprobado por la CNMV este año recomienda que los pagos por resolución de contrato no superen el equivalente a dos años de retribución anual total y que no se abonen hasta comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento. Otro presidente de Endesa, el italiano Andrea Brentan, también se ha marchado con una indemnización de 11 millones de euros.

Hacienda siempre gana

De todas estas indemnizaciones y planes de pensiones, el que más se alegra, después del beneficiario y su familia, es el ministro de Hacienda. Tienen que pagar impuestos, aunque la ley ha ido cambiando con el tiempo. En la actualidad, los primeros 700.000 euros cobrados en indemnizaciones por despido o bonus gozan de una reducción del 40%; esa porcentaje de reducción disminuye entre los 700.000 y el millón de euros; a partir del millón cobrado, el resto tributa en su totalidad en el IRPF, por lo que paga el marginal máximo (un 47%, que bajará al 45% en 2016).

Si se trata de un plan de pensiones y se cobra en forma de capital, sólo tributa el 60% de las prestaciones derivadas de las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006. Las aportaciones a partir del 1 de enero de 2007 no tienen beneficio fiscal cuando se rescatan. El País Vasco es la única autonomía que mantiene la reducción del 40% para los planes de pensiones cobrados como capital.