La falta de consenso para el impuesto al diésel pone en riesgo los fondos europeos

De momento, las dudas sobre su aprobación en el Congreso son más que las certezas. En público, el Ministerio de Economía confía en sacar adelante el impuesto antes de la fecha tope del 21 de marzo. «Trabajamos para hacerlo lo antes posible», manifiestan. Pero las dificultades para el acuerdo son más que evidentes, sobre todo porque el impuesto a las energéticas era una línea roja para que los socios de coalición apoyasen la subida al diésel. Sin embargo, con la caída del gravamen, su apoyo se hace ahora más complicado.

A todo eso se suma lo impopular de la tasa que, sin duda, podría suponer cierto coste político para quienes lo apoyen. Según quedó definido en diciembre, el plan implica una subida de 9,36 céntimos por litro, que superaría los 11 euros si se aplica el IVA.

Para el bolsillo del consumidor, podría implicar una abrupta subida de 5 euros para llenar el depósito de media. Para Hacienda, un incremento de la recaudación esperado de unos 1.400 millones de euros anuales.

Pese al golpe para conductores y transportistas, lo cierto es que la medida es una imposición de Bruselas dentro de los planes de transición energética. Por eso, fuentes conocedoras apuntan a que el Gobierno confía en su capacidad negociadora dentro de la Comisión Europea para que, en el caso de que no se pueda aprobar en plazo, se consiga una prórroga que no afecte a la ejecución de los fondos europeos, ahora que han empezado a coger ritmo en la economía real.

Así lo detalla un reciente informe de la consultora LLYC, que pone de manifiesto cómo a 31 de diciembre de 2024 España ya había comprometido casi la totalidad de las subvenciones con cargo al paquete Next Generation: un importe total de 77.455 millones de euros. Algo más lentos van los compromisos con los préstamos del plan, que a cierre del pasado año ascendían a 53.216 millones, el 64% de la dotación total (83.140 millones de euros).

Hay una cifra, no obstante, que enturbia el mayor ritmo de puesta en marcha de los fondos europeos: la de los 11.916 millones de euros que quedan como remanentes del total de subvenciones previstas en el plan. Es decir, dinero que no se ha repartido por falta de proyectos, ante unas trabas burocráticas –o el mismo desconocimiento– que siguen dificultando el acceso a los fondos de muchas empresas, especialmente de menor tamaño.

«Sumando los ya generados y los adicionales que se pueden generar, nuestra estimación de remanentes a la ejecución total de los fondos para subvenciones del Programa de Recuperación asciende a 15.425 millones de euros», apuntan los autores del informe, sobre una dotación total de 80.661 millones.

En todo caso, la gestión ha mejorado, pues la previsión de remanentes finales de la firma se ha reducido en más de 2.000 millones de euros desde su anterior estimación de junio, cuando calculaban que la cifra ascendería a 17.448 millones.