La reforma fiscal pendiente fuerza a Hacienda a imponer la tributación por el salario mínimo

Todo apunta a que la cifra se superará también en 2024, con los 273.993 millones de euros recaudados por esta vía de los impuestos hasta noviembre, según los últimos datos públicos de ejecución presupuestaria de la Agencia Tributaria. Sin embargo, el fracaso del Gobierno para sacar adelante su reforma fiscal al completo obliga a volver a mirar con lupa cada euro para mantener el histórico ritmo de ingresos, en un momento en el que, además, la aritmética parlamentaria y la falta de apoyos imposibilita la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El año ya empezó con hasta nueve subidas de impuestos con el fin de algunas de las ayudas para combatir la inflación que estuvieron en vigor desde 2022, con el consiguiente impacto en los bolsillos de las familias.

En ese contexto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también está decidida a aplicar el IRPF al salario mínimo interprofesional (SMI), pese a la firme oposición mostrada por sus socios de coalición en Sumar.

El argumento del PSOE es que, con la subida acordada para 2025, el salario mínimo se habrá incrementado en un 61% desde 2018, es decir, 50 euros mensuales en 14 pagas; un total de 700 euros anuales. A juicio de Montero, esta alza sería insostenible sin aplicar el IRPF que, de paso, se puede convertir en una forma de mantener a raya el boom recaudatorio de esta figura impositiva en los últimos años. De hecho, hoy por hoy supone más de un 44% del total de los ingresos tributarios del Estado, frente al 40% que rondaba en 2018.

En todo caso, la cuestión de fondo, a ojos de Ángel de la Fuente, economista y director de Fedea, es que «no hay una política bien pensada sino que el Gobierno va a ocurrencias y España no ha hecho una reforma fiscal que merezca ese nombre», señala. A su juicio, el informe de la Comisión de expertos de hace un par de años –y que continúa en el cajón– sí tenía una estrategia y era un buen punto de partida, pero una subida para las rentas altas de capital o del tabaco no constituyen una reforma global que, ahora, se ha quedado a medias, obligando a buscar alternativas para mantener el ritmo de ingresos. Sobre todo porque algunos de los que han quedado en el aire resultan clave para la estrategia desarrollada por el Gobierno en su Plan Fiscal y Estructural de medio plazo 2025-2028 basada, según el documento remitido a Bruselas el pasado octubre, en la progresividad del sistema. Pero también en «el aumento de la tributación corporativa de los grandes grupos económicos y la profundización en la tributación medioambiental y disuasoria de consumos indeseados». Una clara referencia al impuesto fallido a las energéticas o a la futura tributación al diésel.

El compromiso del Ejecutivo de convertir en permanente el gravamen temporal a las energéticas –forzado por el apoyo de Podemos al paquete fiscal que se aprobó en diciembre con la oposición de Junts, PNV y los grandes grupos energéticos– quedó en papel mojado después de que la oposición tumbara en enero el decreto ómnibus que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre. La tasa que ya se venía aplicando en los ejercicios anteriores recaudó 1.000 millones de euros en 2024. No obstante, De la Fuente considera que en el conjunto del Presupuesto español no se trata de una cantidad «significativa».

La caída del decreto ómnibus también mantiene en el aire las correcciones técnicas necesarias para el nuevo impuesto a la banca que el Gobierno sí logró pactar in extremis para los próximos tres años. El primer diseño de este gravamen obligaba al sector a pagar la tasa en 2025 con cargo a los resultados récord de 2024, con lo que los bancos tendrían que abonar dos veces el tributo. El Gobierno modificó la redacción en el decreto ómnibus que finalmente decayó. Y aunque los bancos han encontrado un resquicio legal para no tener que abonarlo dos veces, hay otros detalles técnicos sin aprobar y que pueden hacer variar el volumen recaudado, como la cláusula por la que se eleva el pago de la tasa en un 15% si un banco realiza una opa. Este detalle no se aprobó con la idea de penalizar a BBVA por su oferta sobre Sabadell, sino para evitar que la entidad vasca no pague nada (si finalmente se hace con el negocio de la vallesana) durante el tiempo que tarde la fusión en ser efectiva. A falta de esos detalles normativos, cabe recordar que el pasado año el sector abonó 1.500 millones de euros en total por el gravamen aún temporal.

Hasta el 1 de abril no entrará en vigor el nuevo impuesto a los líquidos de los cigarrillos electrónicos que en principio estaba previsto para el 1 de enero. En 2024, con datos hasta noviembre, se recaudaron 6.318millones en impuestos a las labores del tabaco. La nueva figura grava los líquidos para cigarrillos electrónicos que contengan menos de 15 miligramos de nicotina por mililitro de producto: pagará 0,15 euros por mililitro y 0,20 euros si la cantidad de nicotina es mayor. Serán sujetos pasivos las personas o empresas que fabriquen, almacenen y distribuyan al por mayor en todo el territorio menos Canarias, Ceuta y Melilla; potencialmente podrá afectar a gasolineras, supermercados, farmacias, parafarmarcias o multitiendas.

Es una de las medidas de las que nadie quiere hablar, pero de obligado cumplimiento con Bruselas. El Gobierno debe aprobar antes de marzo el impuesto al diésel con el que se calcula un incremento de la recaudación de unos 1.400 millones al año. Lo impopular de la medida, unido a la difícil aritmética parlamentaria, ha impedido hasta ahora su puesta en marcha.

El Gobierno tampoco tiene asegurados los ingresos fiscales que podría conseguir con su plan contra la crisis de la vivienda, como la subida del IVA a los pisos turísticos o la mayor carga fiscal para los extranjeros que compren una casa. Ambas tienen que pasar por el Congreso y, de momento, no son del agrado del principal partido de la oposición.