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Viviendas en construcción Efe

El Gobierno buscará reforzar la cesión de casas vacías al sector público en su nuevo Plan Estatal de Vivienda

Las constructoras consideran imposible alcanzar los objetivos de construcción de vivienda para acabar con el déficit actual

Lunes, 10 de marzo 2025, 12:33

La vivienda vuelve a focalizar la acción del Gobierno. Con la ley del Suelo paralizada en el Congreso y algunas de las ayudas fiscales comprometidas ... para impulsar la bajada de precios de los alquileres pendientes aún de aprobación, el Ejecutivo empieza a visionar ya el nuevo Plan Estatal de Vivienda que entrará en vigor en enero de 2026.

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Aunque aún queda todo por definir y las propuestas pueden variar y quedar fuera del texto final, el Gobierno sí tiene en mente varios pilares que deben reforzarse en el proyecto, que en todo caso debe ser acordado a través de la conferencia sectorial de vivienda. Según explicó este lunes el secretario de Estado, David Lucas, ese nuevo Plan Estatal reforzará la posibilidad de que los propietarios cedan «siempre por un tiempo determinado» sus viviendas vacías para que sea la administración pública la que se haga cargo del alquiler de las mismas a precios asequibles.

Una idea que avalarían desde el Banco de España, donde en varias ocasiones se han pronunciado a favor de esta posibilidad como fórmula de incrementar el parque de alquiler social. En opinión del supervisor, y también del Ministerio de Vivienda, uno de los factores por los que muchos propietarios no sacan al mercado del alquiler sus viviendas vacías es por miedo, por lo que esos programas de cesión para que el sector público gestione el proceso serían positivos en este sentido.

La posibilidad de la cesión de viviendas vacías a las comunidades autónomas para este fin ya existe en el actual Plan Estatal que vence a finales de este año, con casos de éxito como el que se aplica en el País Vasco. Así que la idea del Ejecutivo es reforzar este tipo de programas en la nueva norma.

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La idea de las cesiones no es algo nuevo en el mercado inmobiliario. Ya el pasado ejercicio, Andorra aprobó un decreto ley para impulsar la cesión de los pisos vacíos e introducirlos en un parque público de vivienda asequible por un periodo de cinco años. A cambio, el propietario percibiría una compensación económica equivalente a la renta que se defina. «El impulso de los derechos de superficie es un elemento fundamental de colaboración público-privada», indicó el secretario de Estado durante un evento organizado por EY.

Según reconoció el secretario de Estado, España aún está lejos de alcanzar la media europea en alquiler social. Pero defendió que en los últimos años se ha avanzado al ritmo previsto. «Desde 2019 hasta la fecha se ha incrementado un 33% el parque de vivienda social y asequible en alquiler público con la movilización de 162.000 viviendas más respecto a las 452.000 que había entonces», indicó Lucas.

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Del mismo modo, se trabaja ya junto al Ministerio de Hacienda en la modificación de los contratos de obra pública y en seguir avanzando en otro pilar para solventar la crisis del sector: la rehabilitación. «Hasta ahora lo hemos hecho con los fondos del Plan de Recuperación, que termina en 2026, así que lo lógico es que el Plan Estatal recupere esa política de rehabilitación», apuntó Lucas, destacando la idea de una intervención especial en aquellos barrios más desfavorecidos.

Construcción

De momento, el sector de la construcción ve inviables los objetivos marcados por el Gobierno en términos de una mayor construcción para acabar con la enorme brecha entre oferta y demanda que ahora está tensionando los precios. Seopan, la patronal del sector, asegura que aunque el ritmo se ha acelerado, será imposible cubrir el déficit de 600.000 casas que el Banco de España estima que era necesario construir entre 2022 y 2025.

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La subida de costes de los materiales y una demanda cada vez mayor ante los cambios demográficos, especialmente en las grandes ciudades, ha provocado un auténtico giro en la obra de nuevas viviendas en el país, que en los últimos años se ha estabilizado en el entorno de las 80.000 al año. Pero la cifra está siete veces por debajo de las 600.000-700.000 que se construían al año antes de la burbuja. «El déficit acumulado solo en el 2022 y 2023 es de 365.000 casas», advirtió ayer Seopan.

Está previsto que antes de Semana Santa el Ministerio de Vivienda presente el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular, que se presentará antes de Semana Santa. «Cuando se está produciendo en fábrica, no hay posibilidades de obtener ese préstamo hipotecario para poder hacer el desarrollo de la promoción», ha indicado, a la vez que ha recalcado que este modelo de construcción modular permitirá construir «más rápido» y de manera «más eficaz», señaló Lucas.

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