168.000 trabajadores extremeños están afectados por convenios colectivos ya caducados

En Extremadura hay 37 convenios colectivos sectoriales. 28 de ellos (un 75%) son susceptibles de ser renovados y no lo están. Algunos están caducados desde el año pasado pero otros lo están desde 2018. Son 13 en la provincia de Badajoz, otros 12 en la de Cáceres más otros tres convenios de ámbito autonómico, que son los del campo, el de captación y distribución de aguas potables y residuales y el de transporte en ambulancia. Mientras, aparecen otros 144 convenios colectivos de empresa caducados, un 67% de los que debían ser renovados este año en la región.

Este panorama, según datos de la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura, significa que hay 168.023 empleados sin nuevo convenio, 157.540 por convenios de sector y 10.483 de empresas. En la mayor parte de los casos, por acuerdo tácito entre patronal y sindicatos, se mantiene prorrogado el convenio anterior mientras en otros casos marca el paso el Estatuto Básico de los Trabajadores.

«Lo que está pasando en Extremadura pasa en todo el país. Hay bloqueo de la negociación colectiva por parte de las empresas y los trabajadores están perdiendo», resume Alberto Franco, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CC OO Extremadura. «Si no hay cambios vamos a tener un otoño caliente», remata el dirigente sindical.

«No ayuda a que haya negociación la coyuntura de la pandemia y lo que está pasando con el diálogo social en Madrid, con cambios o anuncios de cambio en la legislación laboral que solo benefician a la parte de los trabajadores», replica Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex).

Por su peso cuantitativo llama la atención el convenio regional del campo, con 65.000 potenciales trabajadores (aunque solo hay 26.000 activos) y 14.000 empresas vinculadas. Está caducado desde el año pasado. Lo mismo que el convenio del comercio en general de la provincia cacereña –9.500 empresas, 12.000 trabajadores vinculados a él– y el de la hostelería de la provincia de Cáceres, con 5.700 empleados y 1.200 empresas.

En cuanto a convenios de empresa, en el listado de acuerdos pendientes sobresalen el que debe cerrarse en la industria Deutz Spain, la antigua Díter, radicada en Zafra, con 454 trabajadores afectados según la información aportada la Fundación de Relaciones Laborales. Fuentes de la negociación apuntan a que podría haber acuerdo en los próximos días.

Mientras, Siderúrgica Balboa y Alfonso Gallardo SL, del grupo industrial Cristian Lay, de Jerez, deberían empezar las negociaciones para el nuevo convenio en unas meses. Sus casi 750 trabajadores están pendientes de que se constituyan las respectivas mesas de negociación.

«Los convenios aportan estabilidad. El problema es que la patronal no está por la labor», agrega Alberto Franco, quien fija dos criterios básicos a la hora de llegar a acuerdos laborales.

«Estamos pidiendo cláusula de garantía salarial para que al final de cada año el trabajador no pierda poder adquisitivo si el IPC es mayor a lo pactado de subida, como pasa ahora. Y también pedimos derogar la ultraactividad».

La reforma laboral de 2012 limitó la ultraactividad, que solo permite un año de prórroga de un convenio después de que este haya caducado. Si no hay acuerdo en este tiempo sobre uno nuevo, se remite al Estatuto Básico de los Trabajadores.

«Hay falta de voluntad por la patronal para negociar nuevos convenios pero también existe poca presión por parte de los trabajadores. Esto debe cambiarse. Las empresas no pueden estar pidiendo y recibiendo ayudas públicas y negar después la actualización salarial a sus trabajadores», concluye Alberto Franco.

Para el portavoz de la Creex hay dos condicionantes para este bloqueo de los convenios. De un lado, la negociación se ha tenido que hacer de forma telemática o directamente se ha pospuesto «porque no se puede desarrollar una negociación colectiva normal, presencial, una mesa negociadora en la que hay que pasar muchas horas cara a cara».

El otro motivo, argumenta Peinado, tiene que ver con un proceso «que está adulterando la negociación colectiva general, con cambios normativos o el anuncio de cambios. Estamos hablando de la aplicación de las diferentes subidas del salario mínimo o ahora la anunciada derogación de la reforma laboral».

El secretario general de la patronal afirma que ante esa situación es «mejor esperar a ver qué ocurre porque no puedes negociar unas condiciones laborales bajo unas normas generales y luego esas normas se cambian».