Cuatro alcaldes contra el Estado

La presa de Arroyo de la Luz se construyó en 1992 sobre el cauce del río Molano. Tiene una altura de 22 metros desde los cimientos y una capacidad de dos hectómetros cúbicos. Se levantó para garantizar el abastecimiento del municipio, pero lo que hace más de 20 años fue una solución ahora se ha convertido en un problema. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) reclama el pago de la obra. Lo mismo sucede en el caso de otras tres infraestructuras similares en otros tantos municipios cacereños: Mata de Alcántara, Casar de Cáceres y Zarza la Mayor.

«Pretende cobrar con una absoluta arbitrariedad, falta de rigor y seguridad jurídica», denuncia el regidor arroyano, Santos Jorna. En las últimas semanas, tras recibir el requerimiento sobre el denominado 'canon de regulación', se ha quejado de que lo que se construyó hace más de dos décadas se convierta en argumento del Gobierno central para recaudar dinero «a costa» de los vecinos de esas cuatro poblaciones extremeñas. Debió iniciar el cobro, sostiene, nada más terminar los trabajos de ejecución. No ahora.

En parecidos términos se expresa su compañero Florencio Rincón. El alcalde de Casar de Cáceres, cuya presa se construyó en 1991, afrontó en 2013 una factura de 13.600 euros, aunque en 2014 la cifra asciende a unos 22.000. «El año pasado explica- presentamos una reclamación, pero no nos hicieron caso. Dicen que nos invitaron a una reunión de la que nunca se nos informó».

Luis Amado, alcalde de Mata de Alcántara, y Esther Gutiérrez, regidora de Zarza la Mayor, se encuentran en idéntica tesitura. Afrontan recibos de unos 15.000 euros. En el caso de Arroyo la cifra sube hasta los 70.000. Se cuestionan cómo es posible que a las corporaciones que dirigían los ayuntanientos en los años 90 no se les comunicara el pago del cuatro por ciento de amortización de las obras. «Consideramos que esa posibilidad de cobro ha prescrito 20 años después de construidas las presas», afirman los afectados.

«En 20 años no se nos ha cobrado nada y ahora se pretende cobrar desde el año uno, como si todos esos años no hubieran transcurrido», inciden. Adelantan que no se van a quedar quietos, e incluso advierten de la posibilidad de acudir a los tribunales. Desde el organismo regulador de cuenca se dan explicaciones, aunque no aparecen todas las respuestas que demandan los cuatro alcaldes. Todos son del mismo signo político, del Partido Socialista. A consultas de este diario, desde la Confederación Hidrográfica del Tajo se recuerda que el canon de regulación «es un tributo que grava a los beneficiarios por las obras» relativas a aguas que se han ejecutado por el Estado. Se destina a compensar los costes que tiene para la administración, así como a atender los gastos de conservación y mantenimiento. Y esos gastos, incluidos los de explotación, los ha afrontado la CHT, remarca el propio organismo. «De hecho, los casi 13.000 habitantes de estas poblaciones pueden beber agua gracias a estos embalses, cuyas presas construyó la Confederación, quien también ha asumido los gastos», añade.

El 27 de junio, los técnicos «informaron, explicaron y entregaron documentación» a los alcaldes en la Junta de Explotación del Tajo Oeste celebrada en Valdecañas, puntualiza la CHT. Esa información es insuficiente, según los afectados, convertidos ya en cuatro municipios, con sus alcaldes al frente, contra el Estado.

La hoja de ruta la describe Santos Jorna: recursos administrativos, recursos contencioso-administrativos en los juzgados y mociones en plenos municipales, Congreso, Senado y Asamblea de Extremadura.