El Plan General de Mérida impide que la casa del presidente tenga uso privado

Importante escollo para la venta de la residencia oficial del presidente de la Junta de Extremadura en Mérida. El edificio en el que se encuentra la vivienda se levanta en una parcela que está declarada suelo dotacional, por lo que no puede dedicarse a un uso privado. Se permite la venta, pero siempre y cuando el destino del inmueble siga teniendo un carácter público.

El presidente de la Junta, José Antonio Monago, anunció el pasado 27 de noviembre la venta de este edificio. Según dijo, esperaba obtener unos 2 millones de euros. La Administración regional ya ha iniciado los trámites para proceder a su enajenación mediante subasta.

Monago, que considera la residencia oficial de la Junta un palacio, ha seguido viviendo desde el inicio de la legislatura en su domicilio en Badajoz. Para la Junta, vender la casa, un edificio de cuatro plantas con oficinas, jardín y piscina, es una muestra de austeridad. Según sus cálculos, el inmueble supuso un gasto de 850.000 euros la pasada legislatura.

El edificio fue comprado por la Junta en 1983 al empresario José Fernández López. El inmueble es por tanto un bien patrimonial, por lo que puede ser vendido sin grandes dificultades. El problema está en la parcela donde se encuentra, declarada dotacional pública y destinada a servicios de interés público y social, como el uso administrativo. Así se establece en el Plan General de Ordenación Urbana de Mérida, aprobado en el año 2000.

Según explica Manuel de las Heras, de la empresa emeritense Solares Gestión de Suelo, cuando se elaboró el Plan General en el año 2000 se declararon como dotacionales las parcelas de edificios administrativos para que la zona centro pudiese alcanzar los parámetros exigidos de espacios públicos, ya que no se podían plantear nuevas construcciones con usos distintos del privado.

En consecuencia, la parcela no puede destinarse a usos privados. Manuel de las Heras considera que no está claro ni siquiera que la Junta de Extremadura pueda proceder a su venta, pero en caso de que se permita la enajenación el solar, y por tanto el edificio, sólo pueden tener un uso público.

Un banco o un particular podría comprar la casa, pero siempre y cuando se dedicara a usos como un museo, un centro sanitario o un espacio asistencial, que también son servicios de interés público y social. Pero en ese caso el valor de la venta queda muy limitado ante la imposibilidad de obtener beneficio.

El Ayuntamiento de Mérida ha mostrado su interés por quedarse con el edificio. El Gobierno local apoya las tesis del Ejecutivo autonómico de reducir el gasto público, pero considera que el inmueble no debe caer en manos privadas, ya que forma parte de la historia de la ciudad (su antiguo dueño fue promotor de empresas históricas como la corchera y Carcesa). Además, estima que representa la capitalidad de Mérida, por lo que no quiere que pierda su uso actual.

La opción de que el inmueble pase de la Junta a otra administración, en este caso la municipal, es más factible técnicamente, pero con las limitaciones de uso citadas y por tanto con un valor muy lejano de los 2 millones que pretende obtener el gobierno regional.

Modificar el plan

Para poder proceder a la enajenación del inmueble mediante subasta y según criterios de mercado, el Ejecutivo autonómico tiene una opción: promover una modificación puntual del Plan General de Urbanismo. Pero necesitaría el visto bueno del Ayuntamiento de Mérida, que ya se ha mostrado en contra de la venta de la casa presidencial.

Sin embargo, ni siquiera con eso sería suficiente. Como explica Manuel de las Heras, así como otras fuentes consultadas por HOY, una modificación del Plan General exige una motivación. No basta con indicar que el edificio está vacío y ya no tiene uso público, sino que se requieren argumentos urbanísticos.

Como explican estas fuentes, si el solar de la casa presidencial deja de ser dotacional podría ser necesario modificar también el uso de otras parcelas con edificios administrativos, como la sede de las consejerías de la Junta en la calle Morerías, a unos metros del inmueble en cuestión. Se podría compensar con los servicios públicos que se han generado en las nuevas dependencias de Mérida III Milenio, pero en tal caso la zona centro quedaría por debajo de lo legal en espacios públicos.

Además, una modificación del Plan General necesita varios meses de tramitación, en algunos casos más de un año. Al tratarse de un suelo dotacional, se plantea la posibilidad de que sea necesario un dictamen del Consejo Consultivo, lo que dilataría aún más los plazos. De esa forma, sería difícil conseguir el cambio, y después proceder a la venta del edificio, antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015.