CCOO dice que no hay "fraude ni delito" en los cursos de formación

El secretario regional de CCOO, Julián Carretero, ha dicho hoy que su sindicato "no ha cometido ningún tipo de fraude ni de delito" en los cursos de formación, que no ha recibido ninguna notificación administrativa de la Junta sobre supuestas irregularidades y que aún se les deben casi 600.000 euros. Así ha respondido, en una rueda de prensa, al hecho de que la Junta de Extremadura haya trasladado a la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude "a gran escala" con los cursos de formación de ocupados por parte de la patronal regional (CREEX), los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura.

Ha señalado Carretero que se trata de "un disparate y una falacia con la que se ha pretendido emponzoñar una vez más a la Comunidad desde el círculo vicioso en el que nos tiene metido José Antonio Monago", que actúa "de mala fe" debido a la cercanía de los comicios autonómicos.

Ha subrayado que CCOO "ha justificado absolutamente todo" en relación al coste de esos cursos, que no ha habido "sobrevaloración" en las facturas, que no ha recibido ninguna notificación "resolutoria" por parte del Gobierno extremeño en las que se les reclame "ninguna cantidad" y que, además, el Ejecutivo regional aún les adeuda casi 600.000 euros por los planes de formación.

Carretero ha señalado que el Plan "F-110-572" para la formación personas ocupadas de 2011 supuso para CCOO 1.830.232,70 euros, de los que se ejecutaron, mediante el desarrollo de 149 cursos y unos 2.224 alumnos formados, 1.766.879,03 euros.

Ha agregado que de ese Plan, ejecutado entre 2012 y 2013, la Junta aún adeuda a CCOO 394.037 euros, así como otros 195.835,37 euros por otros planes posteriores.

El sindicalista ha explicado que el recorrido del Plan se ejecutó en 2012 y 2013, y que el 15 de julio de 2014 CCOO recibió un correo electrónico en el que "se nos decía que se van a hacer una comprobación técnico-económica sobre el 10% de la totalidad, por valor de 184.600 euros".

Tras esto, ha continuado, el 1 de septiembre de 2014 se les remitió toda la documentación para hacer la comprobación y que luego, el 23 de octubre del pasado año, "se nos requirió por parte de una auditoría externa contratada por la Junta y a la que dimos contestación el día 26 de diciembre".

"Finalmente -ha continuado-, el 13 de enero de este año el SEXPE comunicó a CCOO que, según esa auditoría, requiere documentación añadida para justificar 178.324,26 euros, a la que se contesto el día 30 del mismo mes".

Carretero ha resaltado que "desde ese momento no hay ninguna resolución ni requerimiento del SEXPE ni de la Junta a los elementos que podía de haber de asintonía, por lo que la única resolución es la de hoy de la consejera de Empleo, María de los Ángeles Muñoz".

En su opinión, se trata de "una situación insidiosa, entre otras razones porque se plantea ante la Fiscalía cuando no hay ninguna resolución administrativa reclamando cantidades", lo que ha achacado a la voluntad del presidente regional, José Antonio Monago, que "no ha justificado viajes", de "emponzoñar" el próximo proceso electoral y de "dinamitar la concertación y el diálogo social".

Además, el sindicalista ha señalado que su sindicato estudiará "responder" ante la Justicia esta situación.

Por otro lado, ha dicho que Monago debería explicar, posiblemente ante la Fiscalía, el destino de la inversión regional de 17 millones de euros en La Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (ACOREX) "a cambio de poner y quitar a directores generales", a lo que ha añadido que "se va a despedir a más de cien trabajadores de la empresa".

"Monago no está para dar lecciones de transparencia y para sacar el dedo acusador hacia nadie", ha señalado.