Los asuntos pendientes de Vara

Cuando Guillermo Fernández Vara comience a gobernar en unas semanas tendrá informes sobre su mesa acerca de proyectos que quiera llevar a cabo por iniciativa propia, como por ejemplo en materia de vivienda social en un guiño evidente a Podemos, que pretende que sea su aliado los próximos cuatro años. Pero otra pila de papeles tendrán que ver con asuntos heredados de su antecesor.

En ese segundo montón, agrupado en la carpeta de 'pendiente', habrá cuestiones recientes de toda índole, urgencia y dimensión. Desde la ley que concede una paga de 300 euros anuales a las mujeres mayores de 75 años que el partido de Monago sacó adelante unos días antes de las elecciones, y que ahora Vara tendrá que asumir, a un estricto plan de ajuste económico que el nuevo ejecutivo regional tendrá que acometer obligado por el Ministerio de Hacienda debido al excesivo déficit contraído en el último ejercicio.

En medio quedan cuestiones no menos relevantes como la gestión de un aeropuerto de Badajoz cuyas cifras de pasajeros caen en picado y la certeza de que no resulta atractivo para ninguna compañía. También tiene Vara una gala a la vuelta del verano, la de los Premios Ceres, que fue creada por la Junta de Extremadura como extensión de final de temporada del Festival de Teatro. La oposición siempre la criticó por el excesivo coste que tenía cuando se estaban realizando recortes en áreas más sensibles como la sanidad o la educación. El próximo presidente de la Junta tendrá qué ver ahora qué hace con este evento, del que ya se han celebrado tres ediciones. De momento, fuentes del partido dicen que Vara se inclina por mantener la próxima gala prevista a finales de agosto. En relación con esto el líder del PSOE ya ha manifestado que desearía que continuara el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, fichado por el el gobierno del PP. Sobre lo que planean dudas es sobre los siguientes premios Ceres en el formato conocido, muy criticado por los socialistas.

Un asunto sobre el que seguramente no habrá continuidad es el de la deuda histórica. El gobierno popular que está a punto de expirar usó como bandera el cobro de la misma, la cifró, la aceptó, pero Extremadura no ha visto ese dinero en los términos anunciados por el PP.

Éste es un asunto controvertido que no pone de acuerdo a las formaciones políticas. En la primavera de 2014 se calculó en 446 millones de euros el dinero que el Estado debía abonar a la región en compensación por inversiones no realizadas en el pasado. Se han abonado ya en total 110 millones y luego se habló sobre cómo pagar la cantidad restante, los plazos. Se llegó a hablar de 84 millones al año, un compromiso que nunca se ha llevado a cabo.

La cuestión es que al PSOE nunca le gustó el resultado de esta negociación. De hecho, el pasado día 27 Vara manifestó que habrá una nueva negociación sobre la deuda histórica, a la que invitará a todos los partidos con representación parlamentaria.

Plan de ajuste

Pero sin duda lo que más preocupa a Fernández Vara en estos momentos es el plan de ajuste que tendrá que acometer nada más llegar a su despacho. Lo advirtió en plena campaña electoral, cuando el Ministerio de Hacienda cifró en un 2,44% del PIB el desvío sobre el déficit (421 millones de euros gastados de más), cuando el tope era el 1% según la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Entonces el ministro Cristóbal Montoro impuso de plazo un mes a cada autonomía incumplidora para que cada una presentara un documento explicando cómo pensaba corregir ese desfase. Dicho de otro modo, de dónde iba a recortar.

Vara, antes de las elecciones, preguntó si Monago iba a dejar en herencia este tipo de medidas al próximo ejecutivo. Monago se limitó a contestarle apelando a la herencia que recibió el PP en 2011 de la anterior gestión socialista.

En cualquier caso, el plazo inicial de un mes para corregir los desequiilibrios económico-financieros de la Junta expiró el mismo 24 de mayo, fecha en que se celebraron las elecciones que ganó el PSOE. Hacienda ha dado ahora una prórroga hasta el 26 de junio y Vara, que será el próximo presidente de la Junta, tendrá que acometer con urgencia esta reforma por imperativo legal.

Compañías aéreas

Pero en realidad de lo que estan pendientes muchos extremeños, sobre todo empresarios y especialmente los del turismo, es del funcionamiento del aeropuerto de Badajoz. En esta cuestión ha habido varios bandazos durante la legislatura que ahora está a punto de concluir, y que han tenido como resultado un descenso alarmante en el número de viajeros.

Ahora la situación está al límite. El 31 de julio concluye el contrato de Air Europa, la compañía que opera ahora mismo en el único aeropuerto extremeño. Y el nuevo ejecutivo aún no habrá tomado una decisión al respecto, y mucho menos podrá haber resuelto un concurso que tiene sus plazos, por lo que previsiblemente a mediados de verano no aterrizarán ni despegarán aviones comerciales en la región.

Como se sabe, para que las compañías decidan programar vuelos regulares desde Badajoz, como mínimo a Madrid y Barcelona, el gobierno autonómico tiene que pagar a esa compañía pues por sí sola esta actividad no es rentable.

El último concurso convocado por la Consejería de Fomento del ejecutivo popular puso sobre la mesa 4,1 millones de euros por dos años y nadie se presentó argumentando que no salían las cuentas. Desde Fomento optaron por no volver a redactar las bases de otra licitación y que fuera el siguiente ejecutivo el que afrontase esta cuestión. Vara ya la tiene en la agenda y dijo que se sentará con los representantes del sector del turismo para perfilar el próximo concurso.

El cierre de los PAC

Buena parte de la legislatura popular ha transcurrido entre protestas de los afectados por los cierres de los puntos de atención continuada (PAC). Estos consultorios rurales, que bien se han cerrado o han reducido su horario, la oposición los trasladó a la opinión pública como la imagen de los recortes en sanidad. El PSOE siempre se opuso a este tipo de ajustes, pero ahora se encuentra con una situación heredada que deberá corregir si quiere ser coherente con su discurso social. Además, en su programa electoral dice que nunca hubo razón para cerrarlos y asegura que en los primeros seis meses de legislatura estarán abiertos de nuevo, fijando incluso el coste de esta medida correctora en tres millones de euros.

La educación es otra área que el PSOE plantea reforzar. Habla del aumento de las plantillas docentes tras un acuerdo que deberá haber firmado antes de que acabe el año, pero lo más inmediato que tiene Vara ante los ojos es el inicio del curso escolar en septiembre. Hay que implantar en Secundaria y Bachillerato la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la cual desarrolla cada comunidad mediante decretos. Nada más celebrarse las elecciones del 24M, la Junta aprobó el nuevo curriculo escolar en sintonía con la Lomce, y el PSOE criticó que lo hiciera estando en funciones. Ahora queda por ver si se queda tal y como está o si es derogado. En cualquier caso, los agentes que participaron en el diseño de este curriculo explicaron que no podía demorarse más de cara a la preparación del curso escolar 2015/16.

Acorex, en situación crítica

La otra gran cuestión que va a seguir coleando tras el cambio de gobierno tiene que ver con el campo, el gran motor de la economía regional. La situación de Acorex, el grupo de 42 cooperativas y que supone la mayor empresa agroalimentaria de la región, es crítica tras acometer un ERE y estar en preconcurso de acreedores por su insolvencia económica.

Vara tiene como reto recuperar a tres grandes cooperativas que han pedido su baja y que impulsan a este grupo -San Isidro, de Miajadas; Amalia de Sajonia, de Santa Amalia; y Campiña Sur de Granja de Torrehermosa-. El desafío del nuevo ejecutivo implica además que Acorex vuelva a inspirar confianza en los mercados agroalimentarios.

También en relación con el campo el PSOE firmó ante notario una medida relacionada con los seguros agrarios que el PP redujo en esta legislatura. Según el programa de Vara, se recuperará el sistema por el que agricultores y ganaderos recibirán el descuento en sus pólizas en el mismo momento en que las suscriban. El coste estimado es de 5 millones y entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

Aunque Guillermo Fernández Vara tiene previsto hacer un repaso a todas estas cuestiones que hereda del ejecutivo presidido por Monago en su discurso de investidura, previsto a finales de mes, hay otras cuestiones de carácter estético que se prevé que afronte el próximo gobierno socialista. Son casi anecdóticas en comparación con las detalladas anteriormente. Una sería qué hacer con la cartelería y rotulación que ha ido generando el equipo de Monago desde que decidió cambiar el nombre de la Junta de Extremadura al de Gobierno de Extremadura, luego acortado a Gobex. En realidad el nombre oficial siempre fue Junta de Extremadura. Así figura en el Estatuto de comunidad autónoma, y así se firman los decretos y leyes para que se ajusten a la legalidad. Recuperar esta nomenclatura requerirá tiempo y tendrá un coste, igual que rediseñar las webs institucionales, incluida la de la Asamblea de Extremadura que el PP decidió empezar a llamar Parlamento. En ambas instituciones el PP desterró el color rojo que predominaba hasta 2011, una cuestión que seguramente corrijan los nuevos asesores de Vara, cuyo grupo está ahora sentado a la derecha del hemiciclo mirando desde la Mesa. Esta ubicación también la invirtió el PP en 2011 y el PSOE se opuso argumentando en aquel momento que Extremadura tenía otros problemas más urgentes que resolver. En los próximos meses se verá si vuelven al sitio que cada uno ha ocupado tradicionalmente y vuelve a haber cambio de escaño mientras se afrontan el resto de cuestiones clave.