Condena de 3,6 años de cárcel para un estafador por obras en una casa que no realizó

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un vecino de Valverde del Camino (Huelva) a tres años y seis meses de cárcel por estafar al propietario de una vivienda en las obras de ampliación de la casa, presentado certificados de empresa falsos y exigiéndole dinero por trabajos que no realizó.

La sentencia de conformidad considera a esta persona responsable de un delito continuado agravado de estafa y le impone, además de las penas anteriores, el pago de una indemnización de 34.042,10 euros, más intereses, al perjudicado, en concepto de responsabilidad civil.

Se declara probado que este vecino de Valverde del Camino en fechas inmediatamente anteriores a julio de 2007, tras contactar con el perjudicado a fin de realizar una obra de ampliación de vivienda en la localidad onubense, le presentó un presupuesto de obra 69.696 euros en papel con logotipo de la empresa Construcciones Manrey S.A., acompañado de sellos de certificaciones de calidad ISO 9001:2000 y ISO 14001.

En base a dicho presupuesto, amparado por la existencia de una empresa reconocida y avalada por sellos de calidad -que resultaron ser falsos-, el cliente aceptó el presupuesto, como promotor, e inició los trámites de ejecución de la obra para lo cual se ofreció el acusado a realizar los trámites necesarios ante el ayuntamiento.

Sucesivas entregas de dinero

Lo hizo pero señalando en la solicitud de licencia una cantidad mayor en el presupuesto, 95.675,88 euros y solicitando al promotor la entrega de 1.200 euros por la citada licencia, que este pago contra recibo en septiembre de 2007.

Durante los meses siguientes el imputado fue requiriendo al promotor, efectuando los oportunos recibos o certificaciones de obra, sucesivas entregas de dinero para pagar diversas fases del proyecto, materiales o nóminas que, sin embargo, no llevaba a efecto, hasta abril de 2008, cuando el promotor decidió contratar a otra constructora para los trabajos, que los presupuestó en 38.500 euros más IVA.

La Fiscalía de Badajoz había solicitado la pena de nueve años y medio de prisión para el acusado.