El Sexpe amplía la denuncia por fraude en los cursos de formación al año 2012

badajoz. El director gerente en funciones del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), Miguel Lozano, presentó el pasado viernes en la Fiscalía de Badajoz una ampliación de la denuncia sobre posibles irregularidades en los cursos de formación.

Fuentes próximas a la Fiscalía han confirmado que en este caso se refieren a cursos de formación de la convocatoria de 2012 que fueron impartidos a lo largo del año 2013, coincidiendo ya con el gobierno de José Antonio Monago. El fraude investigado ahora estaría referido a la realización de cursos que alcanzaron un montante global de casi un millón de euros.

Aunque el Sexpe no se ha pronunciado aún sobre esta nueva denuncia, HOY ha podido saber que las irregularidades detectadas afectan a tres de las entidades que ya figuraban en el primer escrito acusatorio: la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) y los sindicatos UGT-Extremadura y CC OO-Extremadura.

Esta ampliatoria ha sido recibida en la Fiscalía Provincial de Badajoz, aunque su destino es la Fiscalía Anticorrupción con sede en Madrid por ser el lugar en el que se está investigando ya la primera denuncia realizada por el Consejería de Empleo de la Junta de Extremadura.

Denuncia en marzo

La primera vez que el Ejecutivo de José Antonio Monago informó de este presunto fraude en los cursos de formación fue en marzo de este año, cuando la anterior consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María de los Ángeles Muñoz, compareció para anunciar irregularidades en los cursos de formación para ocupados de la convocatoria realizada en el año 2011.

Entonces se dijo que la cantidad presuntamente defraudada pasaba de los 3 millones de euros y que las entidades que podrían estar implicadas en el fraude eran los sindicatos UGT y CC OO, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes Extremadura).

Muñoz dijo que había indicios suficientes para suponer que en Extremadura «se creó y se alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación de ocupados». Entonces habló de un presunto delito contra la Hacienda Pública para el que se contemplan penas de entre uno y cinco años de prisión.

La entonces consejera destacó que el fraude se correspondía con los cursos adjudicados antes de la llegada al poder del Partido Popular debido a que los criterios de concesión se endurecieron con el nuevo gobierno del PP. Sin embargo, la ampliación de la denuncia habla ahora de cursos del año 2012 que se realizaron en 2013, gobernando ya José Antonio Monago.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado que las presuntas irregularidades denunciadas el viernes reflejan un modus operandi similar al que se recogía en la primera denuncia, en la que se hablaba de vinculaciones personales entre las entidades beneficiarias y las empresas contratadas para dar los cursos, y de facturación de gastos superiores al coste real. Como ejemplo, Muñoz habló de una factura de 69.000 euros que en realidad debía ser de 9.600.

Desde la Consejería de Empleo se denunció también que en otro caso «la misma persona que da la subvención la concede a una empresa de la que es administrador y se autocontrata él mismo y a familiares como profesores». Habló igualmente de profesores que llegaron a cobrar hasta 820 euros por hora.

Todos estos datos están siendo analizados ahora en la Fiscalía Anticorrupción, que es la que investiga el caso.