El DOE hace oficial la supresión del Consejo Consultivo

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado hoy la derogación de la Ley 16/2001 del Consejo Consultivo de Extremadura y que entra en vigor el 1 de enero de 2016.

El Pleno de la Asamblea de Extremadura acordó el 17 de diciembre la supresión de la ley del Consultivo con 36 votos a favor, de PSOE y Podemos, 28 en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

La ley promulgada establece la creación de la Comisión Jurídica de Extremadura dentro de la Abogacía General de la Junta, un órgano que ejercerá las funciones que venía desarrollando el Consultivo y que tendrá autonomía orgánica y funcional.

Según el DOE, este órgano deberá ser consultado para proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes y sus modificaciones, convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Junta, los recursos extraordinarios de revisión, la interpretación, nulidad y extinción de concesiones administrativas cuando se formule oposición por parte del concesionario y la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales.

También deberá emitir informes sobre expedientes tramitados por la administración regional, las entidades locales y las universidades públicas sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 15.000 euros e inferior a cincuenta mil euros, revisión de oficio de actos administrativos en los supuestos establecidos en las leyes

Composición

La Comisión Jurídica de Extremadura estará compuesta por cinco personas, el presidente y los vocales. Estos últimos serán nombrados mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Administración Pública, y deberá ser funcionario de carrera con la categoría de Letrados o Técnicos Superiores Especialidad Jurídica, de la Junta de Extremadura, de la Asamblea de Extremadura o de cualquier administración pública, siempre que reúnan las condiciones, experiencia, cualificación y cualquier otro requisito que se determine.

Deberán llevar en servicio activo en dicha categoría o especialidad más de diez años y no haber ocupado en los últimos diez cargo público o de naturaleza eventual. Los nombrados vocales serán declarados en situación de Servicios Especiales.

Todos los miembros de la Comisión Jurídica de Extremadura prestarán sus servicios en régimen de dedicación exclusiva y estarán sujetos al régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno. El desempeño de estos puestos no será compatible con cargo alguno de representación popular ni con el desempeño de todo cargo político o administrativo, el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos o asociaciones con ánimo de lucro.

El presidente de la Comisión Jurídica será nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno entre los vocales, a propuesta del presidente de Extremadura. El decreto también limita el tiempo que se puede desempeñar como vocal a cinco años, pudiendo ser reelegido una sola vez.

Además, como ya anunció el Ejecutivo extremeño los empleados del Consultivo pasarán a formar parte de la Junta o de la Asamblea.

La supresión de este ente es un compromiso electoral del PSOE con el que aseguró que se lograría un ahorro de más de 600.000 euros al año.

Por su parte, José Antonio Monago considera que la Junta "no" ha abordado "bien" este asunto, que a su juicio debería haberse tratado a través de una modificación del Estatuto autonómico.