«Que 20 años no es nada...»

ASÍ comienza un clásico de Gardel, y nosotros lo utilizamos para recordar, en este mes, donde se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Veinte años hace que se promulgó esta ley, y no son nada, porque poco han cambiado las cosas en este país en relación a las dos décadas que han pasado por encima de las condiciones de vida y salud de las y los trabajadores y las trabajadoras.

En este periodo (1996-2016), hemos asistido al tránsito desde la seguridad e higiene franquista a la prevención de riesgos emanada de una Directiva Marco Europea. Otro sueño europeo que se esfuma delante de nuestras narices.

Conseguimos en los primeros años, que las empresas interiorizaran y aplicaran la ley, que se hicieran políticas públicas para su impulso y que se potenciara la figura del delegado de prevención en los centros de trabajo, y con ello, la reducción de las cifras de siniestralidad de forma muy importante hasta aproximadamente el año 2012.

La ley 31/1995 hizo posible el tránsito de un enfoque reactivo, es decir, de reparación del daño un vez que se producía un accidente o enfermedad profesional, a un enfoque preventivo, anticiparnos al daño, consiguiendo un estado de bienestar integral de la persona trabajadora.

Pero en la última legislatura, las políticas de ajuste y recortes, también se llevaron por delante las mejoras conseguidas en salud laboral.

Las políticas austericidas del gobierno, con su máxima expresión en la Reforma Laboral del 2012, incrementaron el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Entre otros, los factores que influyeron e influyen en este repunte de accidentes fueron el debilitamiento de la negociación colectiva, reconduciendo y condenando a las personas que trabajan a las negociaciones individuales como fórmula dictatorial de control de las relaciones laborales y la conservación de los derechos de los trabajadores, incluidos el derecho a la salud, a la integridad y a la propia vida.

Otro factor importante que ha influido en el alza de las cifras de siniestralidad laboral, es la desigualdad. Entre 2012 y 2014, la siniestralidad en los hombres ha aumentado un 2.8%, mientras que en las mujeres, el incremento ha alcanzado un 12.3%, casi 10 puntos de diferencia. En nuestro país, a día de hoy, una mujer frente a un hombre, tiene diez veces más posibilidades de enfermar o accidentarse en el trabajo

Y hablando de enfermedades profesionales, no podemos dejar de lado, el grave problema de la ocultación y subregistro de estas en nuestro sistema sanitario, sobre todo de las más graves, como el cáncer laboral. En definitiva, las enfermedades que ocasiona el trabajo, terminan derivándose a los Servicios Públicos de Salud en lugar de a quien corresponde, a las mutuas, infradeclarando su número, aumentando el gasto público y erosionando la prevención, porque lo que no existe no se previene.

CCOO Extremadura, con un largo recorrido en la lucha frente a la siniestralidad laboral, en este año, donde conmemorando los 20 años de la Ley de PRL, recordamos a las más de 500 personas que perdieron la vida en el trabajo en nuestra región en estas dos décadas y trasladamos a la sociedad y especialmente a los partidos políticos, la necesidad de poner en marcha medidas para cambiar el rumbo de la prevención adecuándola a la realidad laboral.

La Ley sigue siendo una herramienta útil, pero es necesario derogar todas aquellas normas que han impedido que accedamos a medidas de seguridad y salud igualitarias en los centros de trabajo, como por ejemplo la reforma del marco jurídico de las mutuas. Necesitamos que se incrementen las plantillas de la Inspección de Trabajo, que se doten y formen convenientemente.

Como cada 28 de abril, CCOO recuerda e intentará que permanezcan en el recuerdo, aquellas personas que por el simple hecho de ganarse el sustento, perdieron su salud y su vida trabajando.