J. S.
Sábado, 7 de mayo 2016, 00:46
La Junta de Extremadura confía en la legalidad de la ecotasa , un impuesto autonómico que por tercera vez se someterá a la valoración del Tribunal Constitucional. En las dos ocasiones anteriores falló contra el tributo extremeño, que se enfrenta a una nueva anulación.
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Como recogió ayer HOY, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Impuesto de instalaciones que incidan en el medio ambiente, conocido como ecotasa. A su juicio, este tributo autonómico, que en una de sus dos modalidades grava la producción de energía eléctrica, coincide con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que cobran los ayuntamientos. De esa forma, se trataría de una doble imposición por un mismo hecho, lo que contradice lo recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y la Constitución.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión, tras lo que ha dado un plazo a las partes para que se personen. La resolución podría tardar más de un año en llegar. La Junta ingresó en 2014, último año con datos oficiales, más de 97 millones de euros por este impuesto, la mayor parte por la modalidad de producción de electricidad.
Será la tercera vez que la ecotasa se someta al juicio de constitucionalidad. El impuesto se creó en 1997 para gravar las instalaciones productoras de energía eléctrica. El Gobierno recurrió ante el Constitucional al entender que se producía una doble imposición con el IBI.
La Junta pactó la reforma del tributo, que desde 2005 se centra directamente en la producción de electricidad. Pero el recurso prosperó y el Constitucional anuló lo cobrado hasta entonces, aunque sólo afectó a los recursos que mantenían las compañías afectadas por el tributo.
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Las empresas también recurrieron contra la nueva redacción y el Constitucional falló que se seguía produciendo una doble imposición, en este caso con el IAE. Así que anuló el impuesto, pero sólo con efectos hasta el año 2009, cuando se cambió la Lofca para dar a las comunidades más margen de actuación. La Junta ha debido devolver más de 70 millones de euros cobrados entre 2006 y 2009.
Recurso en marcha
Ante un nuevo recurso de Iberdrola por el recibo pagado en 2012, el TSJEx plantea sus dudas sobre la constitucionalidad del impuesto extremeño en su redacción actual, ya que estima que, pese al cambio en la Lofca del año 2009, se sigue produciendo coincidencia con el IAE.
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, afirmó ayer sobre la decisión del TSJEx que «estábamos esperando que ocurriera y además es lógico, la sala tiene dudas y lo somete al Tribunal Constitucional».
Pero el presidente extremeño afirmó que la modificación que se llevó a cabo en el año 2005 se hizo «de acuerdo con lo que el Tribunal Constitucional había dicho», aunque la sentencia fue posterior a la reforma del impuesto extremeño. «Suponemos que ahora entenderá que hicimos lo procedente», añadió, por lo que espera un fallo favorable a la Junta. «En cualquier caso, como siempre, respeto máximo por las decisiones judiciales».
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