La Fiscalía ve indicios de fraude en 2,4 millones de euros de cursos formativos

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de que se pudo cometer fraude por la patronal (Creex) y los sindicatos UGT y CC OO en el desarrollo de cursos de formación de la convocatoria de 2011. En una nota hecha pública ayer afirma que las presuntas irregularidades, que ahora deben ser investigadas por un juzgado de Badajoz, alcanzan 2,4 millones de euros. Este asunto fue denunciado en la legislatura pasada por el entonces Ejecutivo regional del PP.

La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer la denuncia a los juzgados de Badajoz, y por turno, le correspondió al Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz investigar el asunto. Anticorrupción, que fue el organismo al que se remitió la denuncia desde Badajoz hace ya más de un año, reclama que investigue un presunto fraude en las subvenciones, por la supuesta falsificación de facturas de cursos de formación para ocupados en la región. El Ministerio Público considera que podrían haber cometido delitos continuados de fraude en la subvenciones y falsedad documental.

Anticorrupción precisa que se han detectado diversas irregularidades «al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración, a efectos del cobro de las subvenciones, y los importes realmente pagados como costes de actividad, siendo los primeros muy superiores a estos últimos». El importe de las subvenciones cuestionadas sería de 1,7 millones en el caso de la Creex; 400.133 euros, en el de UGT; y 311.897, en el de CC OO. Anticorrupción inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia de Miguel Lozano, director gerente del Sexpe del anterior gabinete regional de Monago. El responsable del Sexpe puso en conocimiento de la Fiscalía la detección de irregularidades en el proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas derivadas de la convocatoria de 2011 de la Consejería de Igualdad y Empleo, destinada a la realización de planes formativos dirigidos a trabajadores ocupados.

La convocatoria fue gestionada por el Gobierno del PP aunque fue publicada en el DOE el 1 de junio de ese año, con un Gobierno del PSOE todavía en funciones.

La Fiscalía ha recabado documentación sobre «más de 600 actividades formativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes». En la investigación colaboraron la Intervención General de la Junta, en funciones de auditoría, la Agencia Tributaria, suministrando datos de contraste fiscal, y la Guardia Civil, se explica en la nota oficial.

Tras estas actuaciones, el escrito de Anticorrupción sostiene que hay indicios relevantes que evidencian la existencia de posibles infracciones penales cuyo tratamiento requiere su «ineludible judicialización para maximizar las garantías de los investigados y completar la búsqueda de la verdad».

Respeto y rapidez

La decisión de la Fiscalía propició ayer una reacción común en los dos sindicatos, que mantienen que justificaron correctamente el dinero recibido. HOY intentó contactar con la Creex para contar con su opinión pero no fue posible. Mientras, la Junta se pronunció escuetamente. De un lado, desde la Consejería de Educación y Empleo se transmitió el máximo respeto a la investigación y decisión que tome el juzgado y de otra parte recalcó que ha colaborado «en todo» con la Fiscalía en este proceso y de la misma forma va a seguir haciéndolo con el juez.

CC OO desea que se resuelva lo antes posible el proceso judicial y «se pueda verificar fehacientemente la falta de fundamentos de las acusaciones, cerrando así los otros juicios paralelos al margen de los tribunales, que sólo buscan enturbiar la imagen de los sindicatos», indicó en nota de prensa. CC OO y UGT pusieron a disposición de Anticorrupción (también ante el Sexpe) una copia de toda la documentación de los cursos desde el momento en el que el servicio público de empleo presentó la denuncia.

«Se hizo para demostrar desde el primer momento que toda la actuación del sindicato se ajustaba a las bases de la convocatoria, que estaba todo debidamente justificado según las exigencias de la Administración regional y que el sindicato busca colaborar activamente para darle celeridad al proceso», concluyó.

CC OO espera que la investigación se resuelva pronto porque «hay que reconocer que los responsables del PP consiguieron en parte sus objetivos, que no eran otros que dañar la reputación sindical a pocos meses de las elecciones autonómicas». La investigación judicial, dice, es el mejor camino para demostrar «objetivamente ante la opinión pública la falsedad de las acusaciones vertidas por el Gobierno de Monago».

Electoralismo y disculpas

Por su parte, UGT Extremadura recalcó el electoralismo de la denuncia del Gobierno del Partido Popular porque «no dejaron finalizar el proceso normal de justificación, interponiendo una denuncia en Fiscalía y dando traslado público de la misma ante los medios de comunicación de Extremadura».

El PP regional piensa que la denuncia de Anticorrupción «demuestra que, con las sospechas que surgieron de la auditoría externa, el Gobierno de José Antonio Monago hizo bien en denunciar el caso al evidenciar irregularidades» en la gestión de las subvenciones.

La formación de centroderecha añadió en un comunicado que los que entonces hablaron de bajeza moral y electoralismo «deberían pedir disculpas por la ligereza con la que lanzaron esas afirmaciones, ya que es Anticorrupción y no alguien que se presenta a las elecciones quien ha visto indicios de delito en la gestión de las subvenciones».