Acorex sondea un acuerdo con el grupo Dcoop para evitar su liquidación

MÉRIDA. Hace año y medio, cuando la crisis se acentuaba en Acorex, se produjo un acercamiento entre la entonces cúpula del grupo extremeño y el andaluz Dcoop para estudiar una posible fusión. La negociación se rompió por la negativa interna de algunas cooperativas extremeñas, en plena batalla por el control del grupo, y el pronunciamiento de partidos políticos de la región. Ahora, en concurso de acreedores y en situación crítica, se vuelve a abrir la puerta a un intento de acuerdo con Dcoop, ahora visto por Acorex como la única opción real de subsistencia. A instancias del consejo rector que preside Manuel Ortega, ya se han producido dos reuniones en Córdoba y otra en Mérida, hace diez días, a la que asistió el director general de la empresa andaluza, Antonio Luque.

En realidad todavía no se puede hablar siquiera de negociación. Lo primero que debe clarificarse por parte de Acorex es qué cooperativas están dispuestas a seguir adelante y la facturación que pueden presentar. Dcoop, que goza de una solvente posición en el sector cooperativo español y no tiene necesidad a corto plazo de engordar su músculo comercial y empresarial, plantea que Acorex presente un mínimo de facturación de entre 30 y 40 millones, según ha podido saber HOY de fuentes del ámbito cooperativo. En los contactos de hace año y medio esa barrera se establecía en unos 100 millones.

Aunque haya perdido a las tres cooperativas grandes (Miajadas, Santa Amalia y Granja), si se mantienen otras dos importantes (Obando y Coria) y un buen número de medianas-pequeñas, se podría alcanzar ese volumen de negocio. Debido a la situación concursal que atraviesa Acorex, el hipotético acuerdo con Dcoop y que haya convenio con los acreedores son la misma cosa. Ineludiblemente. Sin lo primero no será posible lo segundo.

En un mes aproximadamente el panorama se despejará y el administrador concursal y los gestores del grupo extremeño tendrán claro si se va a convenio o liquidación.

Datos y comparecencias

El acuerdo con Dcoop, que de forma inmediata ayudaría financieramente al grupo extremeño si hay entendimiento, se persigue por razones de peso. El grupo andaluz tiene el reconocimiento del Ministerio de Agricultura de entidad asociativa prioritaria por su volumen y capacidad de integración. Comercializa la producción de 116 cooperativas y 84.200 socios, con presencia en Andalucía, Castilla-La Mancha y también en Extremadura. La cooperativa de caprino Capriex es socia suya. Así la entidad andaluza es el mayor productor nacional de leche de cabra con 24 millones de litros.

Además, Dcoop es líder mundial en producción de aceite, aceitunas de mesa y vino y opera en sectores como el porcino blanco, el vacuno de carne, piensos, cereales y oleaginosas. Su facturación ronda los 800 millones, de los que 350 proceden del mercado internacional. Dcoop, por último, es el segundo grupo alimentario exportador nacional y el primero de capital español.

Dcoop ha pedido a Acorex que plantee cuál es su propuesta de acuerdo. Y ésta está escuchando ahora a las cooperativas que todavía siguen (cerca de veinte toda vez que la baja efectiva no la han ejecutado más de cinco y otra docena han registrado preaviso) para verificar si realmente hay posibilidad de que se sumen a un posible proyecto con la empresa cooperativa andaluza. Hasta que no haya una posición nítida desde Extremadura, el grupo andaluz no buscará profundizar los contactos.

Manuel Ortega, presidente de Acorex, compareció ayer en la Asamblea, dentro de la comisión de investigación, y habló del asunto. «Vuelvo a pedir la ayuda de todo el mundo para, entre todos, buscar una solución» para Acorex, añadió. «A nosotros nos mueve la defensa de volver a crear puestos de trabajo y defender los intereses de los agricultores y de las familias», finalizó.

También estuvo en el Parlamento el presidente de la cooperativa San Isidro, la más importante de Acorex y la primera en pedir su baja. Manuel Rodríguez Corrales fue designado presidente de Acorex en una asamblea declarada ilegal por la Junta en 2013. Ayer indicó que no sabe si hubo «razones oscuras» en impedir su nombramiento, «más breve que el de Juan Pablo I (once días)», recoge la agencia Efe.

El problema, aclaró, no era que una cooperativa pequeña asumiera la presidencia sino la deriva que tomaba Acorex, con, por ejemplo, la insistencia de la compra de Mafresa que propuso Aceitón cuando este aún pertenecía a esta empresa. Además no tenía sentido, dijo, cuando Acorex tenía ya a Acosierra.

Preguntado por la salida de Miajadas de Acorex, Rodríguez enfatizó que se produjo por falta de confianza y por los «retrasos manifiestos» en el cobro de las cosechas, con dos millones de euros por impago y un millón de capital social.