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EFE
Miércoles, 26 de octubre 2016, 13:21
La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Elisa Barrientos, ha dicho hoy que esperan que los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Plasencia (Cáceres) den las licencias de primera ocupación de las 22 viviendas de estancia temporal de víctimas de violencia de género y, así, las mujeres puedan acceder a ellas.
Barrientos ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Cultura, Mujer, Juventud, Cooperación al Desarrollo y Relaciones Informativas la Asamblea de Extremadura para dar cuenta de este cuestión.
Ha explicado que hay 22 viviendas construidas pero equipadas sólo 12, y que hay seis en Plasencia (Cáceres), otras tantas en Cáceres y diez en Badajoz.
Ha agregado que las diez pacenses no están amuebladas ya que su uso está anexionado a la terminación de las obras de la Casa de la Mujer y el Menor, mientras que las otras 12 sí cuentan con el correspondiente equipamiento.
Asimismo ha subrayado que esas viviendas están desocupadas ya que no se cuenta con las pertinentes licencias municipales de primera ocupación y que, mientras tanto, el IMEX avanza en la resolución de los expedientes de demanda de esos inmuebles formulados por las mujeres afectadas.
Como ejemplos del proceso, ha explicado que el Ayuntamiento de Badajoz dice que el uso de la parcela es conjunto con la Casa de la Mujer y el Menor, el de Cáceres que hay que esperar al silencio administrativo, "que no se sabe cuánto dura", y que el de Plasencia pide que "se bajen los espejos de los cuartos de baño diez centímetros y se desbroce", lo que "ya se ha hecho".
Por su parte, ha continuado, el IMEX avanza en el proceso de evaluación de las solicitudes para elaborar los informes sociales, psicológicos y jurídicos, que son "muy precisos y muy concretos".
Ha resaltado que, en todo caso, en cuanto estén disponibles las licencias municipales de primera ocupación las beneficiarias y sus hijos podrán acceder a esas viviendas.
Barrientos ha explicado que se trabaja para facilitar a las damnificadas servicios de alojamiento y de atención integral en aspectos como el económico, el jurídico, el psicológico y el de la integración laboral.
12 meses
Por su parte, la parlamentaria del PP Gema María Cortés ha lamentado que el Reglamento autonómico ha sido aprobado con un año de retraso, lo que ha calificado como "desidia". Así, ha preguntado que qué será de las futuras usuarias de esas viviendas cuando se concluya el plazo máximo de 12 meses de estancia en ellas y acaben las ayudas económicas.
A su vez, la diputada de Podemos Jara Romero, ha preguntado entre otras cuestiones el motivo de que la cifra de viviendas sea únicamente de 22 y por qué se ha tardado en aprobar el Reglamento pertinente, y ha aseverado que éste es "bastante parcial" porque sólo se fundamenta en aspectos técnicos sin tener en cuenta "la vulnerabilidad social".
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