Los investigadores creen que los agricultores desconocían el fin que tenía la subvención

La investigación que ha desembocado en la detención de siete miembros de UPA-UCE Extremadura Ignacio Huertas y Maximiano Alcón siguen en prisión provisional tiene su base en el análisis de las cuentas de la organización. Los investigadores creen que los agricultores que teóricamente se beneficiaban de las ayudas de la Junta de Extremadura no sabían muy bien qué tipo de subvención estaban solicitando, de ahí que cuando se preguntó a 30 beneficiarios qué tipo de servicio de asesoramiento habían recibido no supieran qué responder.

La Guardia Civil sospecha que realmente no recibieron esos servicios y que el dinero de la subvención fue empleado por la organización agraria en sus gastos ordinarios: pago de nóminas, pago a proveedores y abono de otro tipo de servicios que precisa una organización de este tipo. Si así hubiese sido, UPA-UCE habría incrementado sus ingresos con 1,8 millones de euros.

Pero la investigación deja claro que incluso si el servicio de asesoramiento se hubiese prestado, tal y como defiende la organización agraria, seguirían existiendo los delitos de los que se acusa a los detenidos, puesto que el origen de la subvención estaba en unos pagos «ficticios» en los que el agricultor no ponía ni un solo euro.