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REDACCIÓN
Viernes, 9 de diciembre 2016, 12:40
La Audiencia Provincial de Badajoz, Sección Tercera, con sede en Mérida, ha rechazado el recurso planteado contra el auto de prisión de los miembros de UPA-UCE, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, y ha confirmado la medida adoptada por el juzgado por los mismos motivos que se recogieron en la resolución recurrida, es decir por un presunto fraude en la gestión de ayudas públicas.
Los dos principales dirigentes de UPA-UCE, Ignacio Huertas, su secretario general, y Maximiano Alcón, su secretario de organización, fueron enviados a prisión incondicional el pasado 5 de noviembre. Los otros cinco detenidos en la Operación Tellus quedaron en libertad con cargos sin fianza alguna. Esa fue la decisión que adoptó Ana Belén Fernández Arroyo, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida.
La entidad agraria, recurrió la orden de prisión y consideró injustificado mantener la prisión preventiva para sus dirigentes, pues «ya no existen documentos ni pruebas que puedan ser ocultados ni destruidos», según adviertieron.
Para UPA-UCE, el sentimiento es "de injusticia y de desmesura" y no cree que haya ningún delito en la gestión de las ayudas al asesoramiento a explotaciones, ya que las subvenciones se recibieron en tiempo y forma y los trabajos se hicieron y se presentaron ante la Junta de Extremadura.
La Junta de Extremadura ha iniciado una auditoría complementaria de las ayudas para el asesoramiento de agricultores entre 2013 y 2015 que complemente a las ya realizadas dado que "parece" que en esa última convocatoria se centra una parte de la investigación a la organización agraria.
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