Ignacio Huertas: "Yo soy ganadero, no sé de cuentas"

Ni sabían nada ni autorizaron nada. Toda la responsabilidad es de Juan Miguel Apolo Romerales, socio y administrador único de la empresa Servicios Integrales Extremeños. Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, y Maximiano Alcón, secretario de Organización, negaron una y otra vez ante la juez su implicación en un supuesto entramado financiero que habría sido creado, según les acusa la Guardia Civil, para obtener fondos de las ayudas al asesoramiento agrario y así financiar la actividad de la organización.

Juan Miguel Apolo, el asesor, declaró ante la magistrada que en realidad era un contable en la sombra y que todas las decisiones fueron tomadas o avaladas por los dos principales dirigentes del sindicato en la región, a los que responsabilizó del montaje del operativo. También se autoinculpó al reconocer que había aprovechado su gran margen de maniobra para desviar a sus propias cuentas ciento de miles de euros entre 2008 y 2015.

La Guardia Civil abrió a principios de noviembre la denominada operación Tellus, que en su primera fase terminó con la detención de siete personas. Además de Huertas, Alcón y Apolo, fueron arrestados José Cruz, María Antonia Alcalá (miembros de la ejecutiva), Miguel Leal (exsecretario de Organización) e Ignacio Trejo, técnico en la oficina de Talayuela. Tras prestar declaración ante la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida, los dos primeros fueron enviados a prisión provisional sin fianza. Y allí siguen. La Audiencia ha mantenido la prisión con el argumento de que si salen puedan entorpecer la investigación al influir en otros investigados, peritos o testigos. Esta semana se han producido tres nuevas detenciones de trabajadores de la entidad y no se descartan más, ya que se mantiene la investigación sobre otras seis personas.

Más de diez horas ante la juez

HOY ha tenido acceso a las declaraciones que realizaron los siete primeros detenidos en sede judicial. Son más de diez horas de grabación entre la tarde del 4 de noviembre y la noche del día 5. Se les acusa de presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y organización criminal.

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