La juez del caso UPA pide una fianza de 5,4 millones por posibles daños

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida ha establecido una fianza de 5,4 millones de euros por un presunto fraude de subvenciones por parte de la asociación agraria UPA-UCE Extremadura.

Esta cantidad se establece para hacer frente a la responsabilidad civil en caso de que se produzca una condena. Se denominan medidas cautelares reales y pretenden asegurar que los investigados puedan hacer frente a la indemnización que se imponga al final de cualquier procedimiento.

Para ello, se fija una cantidad, relacionada con el montante presuntamente defraudado, que se incrementa en un tercio por si finalmente la cuantía establecida es superior. De ahí que la cifra sea mucho mayor que la contemplada en la investigación.

Según la Guardia Civil, UPA-UCE estableció un entramado para captar ayudas destinadas al asesoramiento agrario por importe de 1,8 millones entre los años 2013 a 2015, aunque también se amplían las pesquisas a la convocatoria de 2010 a 2012, en la que la entidad gestionó 2,46 millones de euros.

Siete personas y UPA

Según indica el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), el auto se dirige contra seis de los siete detenidos a principios de noviembre por la Guardia Civil. Sólo queda fuera Ignacio Trejo, técnico de UPA-UCE en la oficina de Talayuela. De esa forma, afecta a Ignacio Huertas, secretario general, y Maximiano Alcón, secretario de Organización y Administración. Ambos permanecen en prisión provisional desde principios de noviembre. También se incluye a Juan Miguel Apolo, administrador de la empresa Servicios Integrales Extremeños, a través de la que se tramitaban las ayudas, y único que ha reconocido los hechos. El resto de implicados son María Antonia Alcalá, vicesecretaria general de la entidad; José Cruz, secretario de_Acción Sindical y Agricultura; y Miguel Leal, secretario de Organización hasta 2014.

Junto a esto, la juez ha incluido en las medidas cautelares reales a Gervasio Martínez, técnico de la entidad, quien figuraba ante la Junta de Extremadura como director del servicio de asesoramiento agrario. Se estima que todos los expedientes pasaban por sus manos para justificar la prestación del servicio y dar derecho al cobro de la ayuda por parte de los agricultores.

Además de estas siete personas, la fianza también se reclama a UPA-UCE Extremadura, que ya forma parte del procedimiento como investigada. La propia entidad había solicitado personarse en el procedimiento judicial.

La aportación de 5,4 millones de euros se solicita de forma solidaria, de modo que la cifra tendrá que ser aportada por uno o varios de los implicados a los que se dirige el auto.

Según indica el TSJEx, el auto dictado por la juez fija un plazo de tres días para aportar la fianza, aunque suele haber flexibilidad. Puede ser dinero en metálico, un aval o incluso una hipoteca. En caso de que no se aporte, se podría decretar el embargo de los bienes.