Los implicados por el caso UPA recurren la fianza de 5,4 millones fijada por la juez

Las siete personas a las que se solicitó una fianza en la investigación por un presunto fraude de subvenciones por parte de la organización agraria UPA-UCE Extremadura han presentado un recurso contra el auto de medidas cautelares dictado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida. También lo hará la propia entidad, a la que se dirige esta petición, pero dependía de que se aceptara su personación en la causa.

Según indica Lorenzo Ramos, secretario general de UPA federal, esta misma semana se ha recibido la notificación de que se acepta la personación de la organización, tras lo que también presentará recurso ante el juzgado emeritense.

La juez impuso una fianza de 5,4 millones de euros como medio para asegurar el pago de responsabilidades civiles por una posible condena. La investigación se centra en la gestión de las ayudas al asesoramiento agrario de los años 2013 a 2015. Se estima que UPA-UCE montó un mecanismo para captar 1,8 millones en subvenciones. Pero el juzgado también ha ampliado las pesquisas a la convocatoria anterior, de los años 2010 a 2012, por lo que estima que la cantidad defraudada podría pasar de 4 millones de euros.

Lorenzo Ramos señala que la fianza solicitada por la juez es «absolutamente desproporcionada» para una entidad que cuenta con un presupuesto de 1,9 millones al año y que apenas dispone de bienes, ya que sus oficinas se encuentran principalmente en las antiguas cámaras agrarias o en locales cedidos por ayuntamientos.

Asimismo, en el recurso se indica que no hay indicios suficientes para justificar la medida. La entidad insiste en que prestó los servicios de asesoramiento. Ramos destaca que, de las 38 oficinas de la entidad, 15 contaban con el personal necesario, un técnico y un administrativo.

Los recursos también apuntan que se está produciendo indefensión, ya que la entidad estima que parte de la instrucción se está realizando sobre documentos que fueron intervenidos por la Guardia Civil sin permiso judicial, puesto que afectan a la convocatoria de 2010 o a cursos de formación a pesar de que inicialmente se investigaba sobre las ayudas de 2013 a 2015.

Elecciones al campo

Junto a esto, en los recursos se ha planteado que la fianza exigida puede afectar al funcionamiento cotidiano de la organización y a su participación con garantías en las elecciones al campo, en las que tratará de mantenerse como asociación más representativa del sector.

La fianza se solicitó a UPA-UCE Extremadura y a seis de los siete detenidos en la operación que llevó a cabo la Guardia Civil a principios de noviembre. Se trata de Juan Miguel Apolo, Miguel Leal, José Cruz, María Antonia Alcalá, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón. Estos dos últimos permanecen en prisión provisional. La petición también afecta a Gervasio Martínez, técnico de la entidad que figuraba como director de los servicios de asesoramiento.