Portugal acoge el acuerdo sobre Almaraz entre la satisfacción y la cautela

Portugal acoge, entre la satisfacción y la cautela, el compromiso alcanzado por las autoridades de Lisboa y Madrid, con el aval de Bruselas, sobre la construcción del Almacén de Residuos Nucleares (ATI) de la central nuclear de Almaraz.

El acuerdo, calificado de "amistoso", prevé que Portugal retire la queja que presentó ante la Comisión Europea (CE) para solicitar un informe de impacto ambiental que tuviese en cuenta los efectos transfronterizos que tendría la construcción del ATI de la planta, situada a unos 100 kilómetros de la Raya hispano-lusa, como se conoce la frontera.

Por su parte, España se compromete a no hacer nada "irreversible" y a no autorizar el funcionamiento del almacén hasta que Lisboa estudie la información pertinente sobre la infraestructura.

Además, se organizará lo antes posible una visita a las instalaciones de Almaraz para las autoridades portuguesas y el informe de impacto medioambiental será sometido a consultas en territorio de Portugal, al igual que ocurrió en España.

Este acuerdo, alcanzado entre ambos países durante la cumbre europea de Malta del 3 de febrero, pone fin al incidente diplomático que había surgido entre España y Portugal y que amenazaba las buenas relaciones que han mantenido ambos países en los últimos años.

Las autoridades de Portugal han acogido esta solución con satisfacción, aunque con reservas respecto al futuro, y han dejado claro que tomarán cartas en el asunto si entienden que la construcción del ATI tendrá un impacto negativo para el país.

"Este acuerdo no hace que Portugal abdique del derecho de accionar todos los medios legales que prevé el tratado de la Unión Europea para hacer valer su interés", señaló el ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, durante la rueda de prensa en la que se explicó el pacto.

En tono similar, el titular de Medio Ambiente, João Matos Fernandes, reiteró hoy en el Parlamento que el acuerdo alcanzado "en nada perjudica el derecho de Portugal, si así lo entiende, de avanzar con una queja en caso de que no se consiga un consenso".

A ambos lados de la frontera, las organizaciones ecologistas han recibido la noticia con menos entusiasmo.

La asociación Quercus considera que se trata de una medida "de carácter esencialmente político e insuficiente" que todavía no responde a las "verdaderas expectativas" de la sociedad portuguesa.

"No garantiza que la declaración de impacto ambiental favorable a la construcción del ATI sea revocada y que Portugal pueda participar debidamente en el proceso de consulta pública", indicó el grupo en un comunicado.

En la misma línea, la asociación Zero criticó que Portugal haya retirado la queja que presentó ante Bruselas y acusó a las autoridades españolas de "falta de transparencia", a pesar de que tildó el diálogo entre ambos países de "positivo".

Las críticas también han llegado desde el ámbito político, donde varios partidos portugueses han cuestionado el acuerdo alcanzado por el Gobierno socialista con España, al considerar que es más beneficioso para el país vecino.

"Con este acuerdo España no cambia de opinión, sólo gana tiempo", aseguró la diputada del PSD -líder de la oposición conservadora- Berta Cabral durante una intervención en el Parlamento.

En el mismo escenario, el diputado del marxista Bloque de Izquierda Jorge Costa acusó al Ejecutivo portugués de dar un paso atrás y afirmó que la "arrogancia" de España valió la pena porque consiguió que Portugal sólo tenga que opinar sobre un informe de impacto ambiental realizado exclusivamente por los españoles.

Por su parte, el ecologista Los Verdes pidió al Gobierno portugués que esclarezca cuál es su posición sobre el cierre de la central de Almaraz y el calendario y las condiciones en las que se realizará la consulta pública en territorio luso.

La planta de Almaraz ha sido un tema espinoso en Portugal, país que nunca apostó por la energía nuclear y en el que el único reactor, situado en Loures, está dedicado a la investigación.

En los últimos meses se sucedieron varias protestas de asociaciones ecologistas que recibieron el apoyo de algunos partidos, en las que se criticó también la prolongación de la vida de la central española.