Sin normativa regional específica, menos obstáculos para estas instalaciones

Desde hace dos años no existe una norma sobre instalación de parques eólicos en la región. «No hay concurso ni nada que se le parezca. Eso es positivo. Lo malo es que el Gobierno central sigue penalizando con impuestos a las renovables», reseña Vicente Sánchez.

En los últimos meses del Gobierno de Monago se aprobó un decreto por el que se derogaba una norma autonómica de 2010 que a su vez modificaba otro decreto anterior de 2005. En ambos casos se establecían compensaciones económicas para los ayuntamientos que acogieran parques eólicos ante la previsible proliferación de estas instalaciones en Extremadura.

En concreto, se obligaba a los promotores a optar entre crear tres puestos de trabajo por cada megavatio instalado o comprometerse a entregar a los municipios donde se coloquen los aerogeneradores el 8% de la facturación eléctrica obtenida.

Pero la crisis, la supresión de las primas a las energías renovables y la creación de nuevos impuestos a la producción por parte del Gobierno supusieron un freno para estos parques. Con la derogación de los decretos de 2005 y 2010 la Junta ha eliminado los requisitos económicos, con lo que pretende facilitar el desarrollo de estos proyectos.

Con la derogación de estos decretos, los promotores con parques ya autorizados o pendientes de autorización tras las convocatorias de 2005 y 2010 podían optar entre seguir adelante con la normativa en vigor en su momento o abandonar el proyecto, para lo que debían comunicar esta decisión en un plazo de tres meses. La ventaja de suspender el procedimiento dentro de ese plazo es que permitía a las promotoras recuperar los avales que se exigían para optar a la explotación de los parques eólicos.

«Lo que han hecho muchas empresas es seguir adelante con sus proyectos en Extremadura pero saliéndose de la regulación de anteriores decretos e iniciando la tramitación fuera de esas normas», relata el presidente del Clúster de la Energía.