390.000 extremeños en riesgo de pobreza por el coste de la vida y el empleo precario

En los últimos años, la crisis sanitaria y también económica de la covid, la energética, el aumento continuado de los precios y la persistente precariedad laboral han venido agrandado el grupo poblacional que sobrevive a duras penas. «Cada vez más personas viven al límite», resume Consuelo Izquierdo, psicóloga y coordinadora del Centro de Acogida Temporal de Cáritas (CAT) en Plasencia.

«Ya no hay colchón económico, el coste de la vida es tan alto que no permite ahorrar a una gran parte de la población, lo que hace que ante cualquier imprevisto, y surgen muchos en la vida, todo se descuadre», explica. «Son personas que están en una situación precaria, en riesgo de pobreza o exclusión».

Ese grupo importante está integrado hoy por 390.000 extremeños, según el último informe sobre el estado de la pobreza que ha presentado hace unos días la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura (EAPN).

El también llamado informe Arope (At risk of poverty and/or exclusion- En riesgo de pobreza y/o exclusión) analiza y combina diferentes datos obtenidos de fuentes de información oficiales. En particular, el indicador y sus componentes están calculados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), cuyo objetivo principal es analizar la distribución de ingresos entre los hogares, así como diversos aspectos relacionados con sus condiciones de vida para determinar qué porcentaje de la población se encuentra en esa situación de riesgo. «Es decir, en este indicador no están contabilizadas solo las personas pobres», aclara Sebastián González Martos, presidente de EAPN-Extremadura.

El Arope incluye a las personas con tasa de pobreza, «las que viven con menos de 560 euros al mes», las que tienen privación material severa, «porque no pueden calentar su casa o no pueden comer carne o pollo dos veces a la semana», y las que viven en hogares con baja intensidad de empleo, «en los que hay un 20% de personas que, estando en condiciones de trabajar, no tienen empleo». De tal modo, explica González Martos, «que todas las personas que se incluyan en alguno de estos apartados están en riesgo de pobreza y/o exclusión».

No todas ni mucho menos son pobres, «personas que no tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas», detalla Mar Herrera, coordinadora de esta organización en la región. «Pero son personas que no pueden hacer frente a ningún imprevisto, que tienen que elegir entre ese gasto extra o pagar el alquiler, que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, que requieren la ayuda de los bancos de alimentos», aclaran los responsables de EAPN-Extremadura.

Estos indicadores no han evolucionado de manera igual en la comparativa entre 2021 y 2022 que centra el último informe Arope. «La privación severa ha crecido, pasando de un 17 a un 23%», detalla el presidente de la entidad. Sin embargo, los otros dos han mejorado y han hecho posible que en el último año el número de extremeños en situación de riesgo de pobreza se haya reducido en 20.000.

No hubiera sido posible, deja también claro el informe, sin políticas de protección social ni pensiones públicas. Sin ellas, en Extremadura, el número de personas en situación de pobreza se duplicaría, llegando a afectar al 59% de la población. En el caso de la pobreza severa, al 41,4%.

«Los ingresos en Extremadura son más bajos que la media nacional, pero los gastos son los mismos en luz, combustible, alimentos...», recuerda el profesor Pérez Mayo. «Con estos salarios no son raros los datos de pobreza que tenemos y así que es complicado salir de esa situación de riesgo». Especialmente, cuando tener hoy un empleo no garantiza evitar el riesgo de pobreza. «No solo por los sueldos, sino por la precariedad laboral en general», dice Consuelo Izquierdo. «Las personas, aun con dificultades, pueden llegar a fin de mes durante los meses en los que tienen un contrato de trabajo; cuando finaliza, ya no es posible».

De ahí también la dificultad para acceder a una vivienda. «Sin nómina es más que complicado», dice Izquierdo. De hecho, el informe Arope señala que la vivienda es un factor estructural generador de pobreza. «En Extremadura, el 13,6% de la población pobre tiene gastos en vivienda superiores al 40% de su renta disponible», detalla.

«No contamos con un parque de vivienda pública o asequible y es necesario», afirma el presidente de EAPN-Extremadura.

«Existe la exclusión residencial porque hay una oferta escasa para la demanda existente», ratifica el director regional de Cáritas. «Se necesita una revisión a nivel regional sobre qué se está haciendo en términos de vivienda social», añade. «Nosotros actuamos de manera subsidiaria ante las necesidades que hay, pero la sociedad extremeña debe pedir que se dé una respuesta integral a las mismas».

Una respuesta, explica Pérez Mayo, que no pase por culpabilizar a los que se quedan atrás, a los que se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o exclusión. «Se tiende a pensar que la pobreza es culpa suya y esto no es así; se tiende a pensar, en esta sociedad individualista, que con el esfuerzo se consigue todo y no es así; tendemos a pensar que estamos protegidos, pero tampoco es así».

Los recursos de Cáritas en la región constatan sus afirmaciones. «Tenemos a personas que tenían un empleo y lo perdieron y entonces ya no pudieron pagar su casa y tienen que venir al centro; a personas que han pasado por una ruptura y con cuyos ingresos ya no pueden hacer frente a un alquiler en solitario; a personas que, pese a que tienen prestaciones y con ellas podrían vivir justito, aun recurriendo a los bancos de alimentos para llegar a fin de mes, no pueden acceder a contar con un techo», pone de manifiesto la coordinadora del CAT de Plasencia. «Y sin techo no tienes dirección, sin ella no estás empadronado y no puedes optar a otros recursos; es la pescadilla que se muerde la cola».

Una situación a la que antes se hacía frente con la ayuda de la familia, pero que ahora es más difícil. «No solo porque ha cambiado, como la sociedad, es más individualista, sino porque a veces ocurre que con sus recursos tampoco pueden ayudar». Lo saben en el CAT de Plasencia: «En el 90% de nuestros usuarios, sus familias conocen la situación en la que se encuentran, que están acogidos en el centro, pero no pueden darles más que alguna ayuda puntual».

Ante la realidad que viven muchas personas en la región, «la sociedad extremeña tiene que repensar qué hacer, porque la solución no es Cáritas», concluye Jesús Pérez Mayo.