A por el Rey

Por primera vez en décadas, el Rey, que asistía anualmente a la entrega de despachos a los nuevos jueces, no ha ido por decisión del Gobierno. Pedro Sánchez necesita el apoyo de los independentistas catalanes para aprobar los Presupuestos y el coste de esos votos incluye desairar a Felipe VI, impedirle que vaya a Barcelona a participar en un acto importante para el poder judicial: la 'investidura' solemne de los jueces que acaban su formación en la Escuela Judicial y empiezan a ejercer.

Los jueces han mostrado su malestar y ya tenemos una crisis institucional montada, avivada por ministros como Alberto Garzón al reprender al monarca, acusándole de falta de neutralidad.

Se ve que en España no teníamos suficientes problemas con la gestión de la pandemia. Necesitábamos más madera, más gasolina al fuego político. La puesta en cuestión de la monarquía no es de hoy. Tanto Izquierda Unida como Podemos abogan por instaurar una república, una aspiración que no debería escandalizar a nadie. La Constitución española ampara esa pretensión. Lo que resulta llamativo es que ministros del Gobierno, como Garzón o Pablo Iglesias, que para acceder a sus cargos han prometido lealtad al Rey, estén en permanente campaña para desgastarle.

Y lo que es no ya sorprendente, sino peligroso, es que el presidente del Gobierno y el Partido Socialista participen frívolamente de ese juego. Por acción o por omisión, dejando hacer de manera interesada a los ministros de UP.

No estamos hablando de que de manera legítima y honesta un partido defienda la república como mejor forma de estado, sino que un partido que está en el gobierno abra una grave crisis institucional en España para que un socio eventual como es ERC le apruebe las cuentas en el Congreso y le permita así asegurar la legislatura.

La prohibición al Rey para que acudiese a Barcelona no solo abre una grave crisis entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, sino que somete también a la sociedad española a una tensión innecesaria cuando la prioridad hoy debería ser gestionar la crisis sanitaria. ¿Qué se pretende al forzar la máquina de desgaste del Rey? ¿Que se celebre un referéndum sobre monarquía/república? ¿Que Felipe VI desista y abandone? ¿Que los españoles empecemos a enfrentarnos en manifestaciones a favor y en contra de la monarquía?

Todas las opciones son indeseables en estos momentos. Añadir ese debate a los gravísimos problemas a que se enfrenta España es una irresponsabilidad.

A la mayoría de los ciudadanos nos preocupa cuánto va a durar y cómo vamos a salir de la pandemia: cuántos muertos vamos a sumar y cuántos parados se añadirán a la ya insoportable nómina del desempleo. Ni los republicanos sensatos, que son la mayoría, apuestan por plantear hoy esa cuestión.

Hace ya muchos años que buena parte de la sociedad española descubrió que la disyuntiva no estaba entre monarquía y república (como se pensaba al final del franquismo), sino entre democracia y dictadura. Hay monarquías democráticas, como la española y las de Holanda, Reino Unido o los países escandinavos, y hay repúblicas democráticas, como Francia o Alemania. Y hay también monarquías y repúblicas autoritarias, y hasta dictatoriales, por todo el mundo. La clave no está en la forma de estado, sino en si es o no democrático; y en la calidad de esa democracia. La polémica sobre monarquía o república puede distraernos mucho, pero no arregla ni uno de nuestros graves problemas.