Abogado de oficio en Extremadura: a 143 euros el caso

Que algo está pasando y que viene de lejos lo deja claro un dato: al acabar el año 2022 había en Extremadura 793 abogados en el turno de oficio, que son 37 menos que un año antes, y 66 menos que en 2020, y 81 menos que en 2019, y 94 menos que en 2018, según el último informe del Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi La Ley. Queda claro que el gremio está en firme regresión.

El mismo documento aporta otra cifra clave: la retribución media de un abogado de oficio extremeño es de 143,34 euros por caso, ya descontados los gastos de infraestucturas, que en esencia es lo que perciben los colegios oficiales por gestionar el servicio. La media en España son 135 euros por caso, aunque hay diferencias importantes entre regiones. Doce tienen transferidas las competencias y cinco no, entre ellas Extremadura (las otras son Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla). En el País Vasco, ganan una media de 237 euros, y en Andalucía no llegan a los 92 euros.

«Los compañeros de Valencia de Alcántara –explica Jiménez– hacen guardias de quince días, y los de Coria de siete, y en ese tiempo tienen que estar allí, por si les llama la Guardia Civil para que asistan a algún detenido o investigado, pero solo cobrarán por los casos que les lleguen, y los días que no les salga ninguno, no habrán ganado nada».

Cuando se produce esa llamada de urgencia, el letrado cogerá su coche e irá al cuartel de la Guardia Civil o a la comisaría de la Policía Nacional, que pueden estar a varias decenas de kilómetros de su localidad de residencia (les pagan los desplazamientos a 0,19 euros por kilómetro). Y seguramente, luego deberá acudir también al juzgado. Y puede que más tarde, a prisión a visitar a su cliente, para el que tendrá que elaborar escritos y recursos, al que deberá asistir en declaraciones, tanto suyas como de testigos o peritos... Esto es, semanas, meses o años de trabajo, que hará en su despacho y no en una sede oficial, porque no son funcionarios sino autónomos, aunque en este capítulo trabajen para el Estado. Y todo ello por 143,34 euros.

Esta cantidad es una media. El Ministerio de Justicia tiene fijadas unas tablas de remuneraciones, que estipulan 270 por un procedimiento penal abreviado, que es una de las actuaciones más comunes en el turno de oficio. Eso mismo suele costar por la justicia de pago de 1.500 a 2.000 euros. Las mismas tablas públicas contemplan 81,14 euros por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el servicio de guardia de 24 horas, pero hay sitios como Valencia de Alcántara o Coria donde no están cobrando por este concepto.

«Lo peor del turno de oficio es que te puede ocurrir que trabajes mucho y no cobres nada», cuenta un letrado cacereño. Se refiere a aquellos casos que les llegan por designación judicial, es decir, por encargo de un juzgado tras solicitar un ciudadano acogerse a la justicia gratuita, que es una prestación que el beneficiario debe solicitar, apoyada en documentos, y que el Ministerio concede. O no. «Puedes pasar que estés varios meses con un caso –cuenta Antonio Jiménez–, y que luego a tu cliente del turno de oficio le denieguen la justicia gratuita. Entonces, la única opción es pedirle a quien has representado que te pague él, pero la mayoría de estos defendidos son personas con pocos recursos y en bastantes casos, gente que vive en la marginalidad. Al final, lo que suele ocurrir es que no los cobras, y en estos casos, te acaba costando dinero estar apuntado al turno de oficio».

Es este un servicio público que se cubre con voluntarios. Al acabar el año 2022 había en Extremadura 1.828 abogados ejercientes, y estaban inscritos en el turno de oficio 793, o sea, el 43%. De ellos, seis de cada diez son hombres. En el turno especial de violencia de género había apuntados en la región al acabar 2022 un total de 362 letrados, frente a los 421 de solo dos años antes.

«Nuestro representantes, o sea, los colegios oficiales y el Consejo General de la Abogacía, son cooperadores necesarios en esta situación que vivimos», reflexiona Antonio Jiménez Bustamante, que tiene despacho en Cáceres. Él apunta que entre las reivindicaciones que les han llevado a la huelga están no solo mejores retribuciones o el pago de la disponibilidad a todos, sino también que se elabore un proyecto de estatuto del letrado del turno de oficio que regule su relación con la administración que les paga y los derechos propios de quien presta un servicio público. También que se les reconozca a efectos pasivos y de jubilación el tiempo dedicado al turno de oficio, que se garantice que todos los trabajos serán siempre abonados, formación gratuita, y derecho a la conciliación y a la desconexión digital, entre otras peticiones.

«Vivimos una situación insostenible, se mire por donde se mire», resume el representante de Venia, que lamenta que «tengamos ya en España más de 700 resoluciones de jueces y letrados de la administración de justicia suspendiendo pasos procesales para que los abogados podamos ejercer nuestro derecho a la huelga, y sin embargo, los jueces de Cáceres ciudad estén sistemáticamente rechazando nuestras peticiones».