Se acabó el show

LA comunicación del nuevo gobierno se ha hecho al modo que le gusta a Iván Redondo, con un goteo de nombres de ministros durante cuatro días, como si de un largo sorteo de la Lotería de Navidad se tratara. Ya tenemos a casi todos los que les ha tocado una cartera ministerial, a los que la han perdido y a los que estaban en las quinielas y ahí se han quedado.

La idea de comunicar por adelantado los ministros de Podemos y más tarde los del PSOE no ha sido oportuna si se quería dar la impresión de que hay un solo gobierno y no dos. Cada uno por su lado. Si Pedro Sánchez quería demostrar quién es el presidente y resaltar la unidad del Gabinete no debía haber permitido que UP 'nombrara' e hiciera públicos sus ministros. Es el presidente el que tiene esa prerrogativa y debería haberla ejercido. La decisión de nombrar una cuarta vicepresidenta sin comunicarle a Iglesias esa decisión y con el claro propósito de diluir su poder, suena a patadita por debajo de la mesa del Consejo de Ministros. O en el futuro hay coordinación y, sobre todo, lealtad entre los socios o, definitivamente, los españoles tendremos a partir de ahora dos gobiernos por el precio de uno: el del PSOE y el de Unidas Podemos.

Al margen de estos enredos, a los ciudadanos nos interesa que el Gobierno empiece a funcionar cuanto antes. Que los ministros se asienten y se pongan a trabajar. A Extremadura le urge tanto o más que a cualquier otra comunidad. Tenemos pendiente de ese Consejo de Ministros, dividido o no, que se continúe a buen ritmo con las obras del tren. Acabar con el agravio de ser la comunidad peor comunicada de España. Y no menos importante es la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Los pactos a que ha llegado el PSOE con ERC y PNV para que faciliten la investidura van a comprometer un presupuesto ya de por sí escaso. El nuevo gobierno siente el aliento de las autoridades comunitarias en el cogote. Ya nos han pedido que se controle el déficit y se reduzca la deuda. Unas exigencias que se dan de bofetadas con la promesa de más gasto social. Si solo se van a subir los impuestos a quienes ganan más de 130.000 euros no habrá dinero para pagar todas las medidas que se prometen. Subir los impuestos a los ricos suena muy bien, pero lo anunciado no es suficiente; la realidad es que el grueso de los ingresos del Estado proceden de la sufrida clase media trabajadora, sea a través del IRPF o del IVA.

Van a estar tan ajustadas las cuentas, va a ser tan difícil cuadrarlas, que cuando se aborde la financiación autonómica tendremos a 17 comunidades negociando a cara de perro. No solo las históricas, que siempre se creen con derecho a un trato preferente, sino las que llevan años clamando que están infrafinanciadas, como Valencia y Andalucía.

Extremadura, que no tiene la importancia económica de otras autonomías, no debería permitirse perder peso en esa negociación. Nos jugamos el futuro. Las cifras dadas por el vicepresidente Vergeles el pasado jueves sobre el déficit sanitario (nos faltan 180 millones cada año para cubrir el presupuesto del SES) retratan la gravedad de la situación. O se soluciona a base de inyectar más fondos, o la sanidad pública irá deteriorándose sin remedio.

A estos asuntos de enjundia deberá dedicarse desde mañana mismo el nuevo Gobierno, apagada ya la quema de fuegos artificiales de los nombramientos. Se acabó el show. El dolor viene ahora, se podría decir parafraseando al Rey. También la oposición, en especial el Partido Popular, tiene su cuota de responsabilidad en que España entre en una etapa de gobernabilidad. Agotada la bronca de la investidura, a Pablo Casado le corresponde hacer una oposición útil. Le toca decidir si quiere convertir al PP en un Vox bis, o si apuesta por centrarse, como le piden Feijóo y Moreno desde Galicia y Andalucía. Se puede marcar duramente al Gobierno sin reventar la legislatura.