El fiscal superior de Extremadura culpa al acceso temprano al porno del aumento «exponencial» de delitos sexuales

Francisco Javier Montero ha comparecido este lunes en la Comisión de Interior y Diálogo Social de la Asamblea de Extremadura para presentar la memoria de 2023. Este documento refleja un repunte del 160% en los delitos de agresión sexual cometidos por menores en la región. En 2023 se perpetraron 60 delitos de este tipo, frente a los 22 registrados solo un año antes.

La memoria del Ministerio Público también aporta datos sobre el ascenso generalizado de los delitos contra la libertad sexual en la región, que han crecido un 133 por ciento respecto a 2021 y un 58 por ciento si se compara con la estadística de 2022.

«Lo más preocupante es una tendencia que se viene consolidando a través de los últimos años», señala el fiscal superior en alusión al «incremento constante de los delitos contra la libertad sexual», tanto hacia menores como cometidos por menores, y también entre personas adultas, y también un incremento exponencial de los delitos de violencia sobre la mujer.

La primera causa y «fundamental» de este incremento de los delitos sexuales es «el acceso temprano ilimitado al porno». Es «un fenómeno gravísimo», alerta el responsable máximo de la Fiscalía en Extremadura, quien confirma accesos a contenidos pornográficos desde los ocho años, de modo que a los «trece o catorce años es ya prácticamente generalizado».

Una pornografía en la que se «vende» una imagen estereotipada de las relaciones sexuales, con un sexo «violento», en el que la mujer adopta una «postura pasiva» y sobre la que «se ejerce violencia», a la que se «cosifica» y, por lo tanto, hace ver «una realidad que no es así».

«Hay estudios científicos que demuestran esta influencia, tanto de las redes sociales como del acceso al porno, en las agresiones sexuales y en los lamentables hechos que ocurren», en alusión directa a las agresiones en manada.

Montero también ha apuntado a la «falta» de educación afectivo-sexual, y en la que considera que «hay que profundizar» en la «falta de valores en respeto e igualdad» hacia las personas.

Uno de los casos más alarmantes del último mes ha tenido lugar en un colegio de Granada. La Policía Nacional, con la intervención de la Fiscalía de Menores, investiga los presuntos abusos sexuales sufridos por una alumna de corta edad en un centro educativo. Hay tres menores de 14 años identificados y fueron cambiarlos de centro educativo para que no coincidan con la víctima.

Tras salir a la luz el caso, la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, llamó a «proteger a los menores» y a «poner límite» al acceso indiscriminado que tienen en la actualidad a Internet, las redes sociales y la pornografía tras el caso de presuntos abusos sexuales de varios alumnos a una niña de corta edad.

El Gobierno trabaja en un sistema de verificación de edad para acceder a contenidos para adultos. Un sistema cuya implantación ya acumula retrasos. «Es un problema grave donde hay datos escalofriantes», aseguró Óscar López en el Congreso. Según varios estudios, siete de cada diez adolescentes en España consumen pornografía de forma habitual y la edad del primer acceso se sitúa entre los 9 y 11 años. «Estamos ante un problema grave y muy preocupante», afirmó el ministro José Luis Escrivá en julio.

La solución presentada por Moncloa se centra en los dispositivos móviles, porque, según el Ejecutivo, es la vía de acceso de los menores a estos contenidos restringidos.

Para controlar el visionado, el sistema propuesto por el Ejecutivo central tiene un funcionamiento similar a los certificados digitales disponibles para hacer determinados trámites administrativos con las administraciones. Así, los ciudadanos tendrán que pedir una credencial, en un primer momento, a la Secretaría General de Administración Digital, que comprobará que el emisor es mayor de edad.