La acogida de menores migrantes pone en riesgo el gobierno de coalición

Vox ha dejado claro que no quiere más menas en ninguno de los cinco territorios en los que gobierna con el PP y ha asegurado que rompería los pactos de gobierno si los populares desatendían su petición. «No vamos a asumir que de manera unilateral el PP pretenda repartir inmigrantes ilegales y menores en aquellos sitios donde estamos gobernando en coalición», ha dicho el presidente de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal.

Su postura ha sido refrendada de manera rotunda por el líder de Vox en Extremadura. «Abascal ha sido clarísimo, preciso y explícito y yo mantengo el criterio de mi partido», ha dicho el presidente del grupo parlamentario y senador autonómico, Ángel Pelayo Gordillo. Porque aunque ha reconocido que en el acuerdo firmado entre PP y Vox para conformar el gobierno de coalición extremeño no hay medida alguna relativa a la política migratoria, «se trata de una cuestión global, una cuestión nacional que afecta a todos los gobiernos autonómicos».

El PP en Extremadura ha mantenido desde la primera amenaza hasta el último aviso de Vox que participaría en el reparto y que la región acogería más menores migrantes no acompañados. Una postura confirmada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien horas antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife, adelantó que las comunidades en las que gobierna el PP aceptarían el reparto. «Vamos a ser solidarios y coherentes. Todos los presidentes autonómicos del PP van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado».

Así ha sido y en ese reparto propuesto por el Ejecutivo de Sánchez, Extremadura es con 30 menores, y junto con Cataluña, Andalucía y Madrid, la comunidad que más menores acogería.

El PP responde de esta manera al órdago lanzado por Vox y ahora será Abascal quien determine si rompe o no los gobiernos autonómicos. «No sé si el presidente de mi partido va a romper los pactos, porque esto escapa de mis competencias; será él quien haga lo que crea oportuno», ha declarado también el líder de Vox en Extremadura.

El futuro del gobierno de coalición está, por tanto, en manos de Santiago Abascal y sus representantes en la región acatarán lo que decida, a pesar de su conformidad con el desarrollo del acuerdo de gobierno con el PP de María Guardiola.

Aunque la ejecución del pacto se ha ceñido casi en exclusiva a las medidas económicas, Vox no ha logrado sacar adelante ninguna de las propuestas que conforman su ideario, más allá de una reducción en las subvenciones a sindicatos y patronal, y María Guardiola ha aprovechado las discrepancias ideológicas para agrandar la distancia con la ultraderecha, PP y Vox han defendido su sintonía en la región.

Tanto es así que los rifirrafes que se han dado en este primer año de gobierno de coalición se han aplacado al poco de producirse, el PP ha ejercido su mayoría en el ejecutivo y Vox ha aceptado. Los riesgos de ruptura han llegado por parte de la dirección nacional. El primero, cuando en una entrevista en HOY la presidenta ninguneó al partido de Abascal. El segundo, el actual, por la acogida de menores migrantes no acompañados.

El primero se solventó sin las disculpas exigidas a María Guardiola. El segundo está por ver, pese a que los populares no terminan de creerse que se produzca la ruptura, que ni han temido ni temen. La lectura que se hace es que Vox tiene mucho más que perder en Extremadura que el PP, al que quizás se le brinda la oportunidad de sacudirse el vínculo que sirve de principal arma de oposición a la izquierda y lastra la imagen moderada que Guardiola se afana en personalizar.

En una situación de más debilidad se sitúa la ultraderecha. Sin una cita electoral a la vuelta de la esquina, Vox perdería la influencia y visibilidad que da estar sentado en un consejo de gobierno, pese a que el rédito que de ello están obtenido en la región es limitado.

Hay quienes consideran que es el motivo, precisamente, por el que Abascal podría decidir la ruptura, en el convencimiento de que defenderían su ideario con más fuerza, marcando distancias con el PP y contrarrestando el avance del partido de Alvise.

Pero también hay quienes creen que la amenaza de ruptura no pasará de ahí y que Vox buscará la forma de cambiar el relato. A fin de cuentas el reparto de los 400 menores migrantes no acompañados consensuado en Tenerife es fruto de acuerdos anteriores, previos a los gobiernos de coalición. Además, el PP, aunque ha aceptado la acogida, no ha refrendado la reforma de la Ley de Extranjería y ha criticado a Sánchez por su gestión de la crisis.

La consejera extremeña de Salud, Sara García Espada, ha defendido la postura en bloque de las comunidades del PP, que han reprochado al Gobierno que enviase el borrador de la reforma solo un día antes de la sectorial y no se ha pronunciado sobre una modificación que convertiría en obligatorio el reparto cuando Canarias, Ceuta y Melilla vean sus sistemas de acogida sobrepasados. García Espada ha reclamado también al Gobierno más financiación para reforzar la red de acogida en la región, cuya ocupación supera el 90%.