«La Administración pública lo ha hecho mal con los interinos y lo vamos a pagar nosotros»

El objetivo de este texto es que la tasa de temporalidad en el sector público no supere el 8%. Esos son los deberes que la Unión Europea ha puesto a nuestro país.

No parece fácil de hacer, porque actualmente está en el 31% a nivel nacional. En Extremadura la ratio es incluso más elevada: del 34,7%. Es decir, más de uno de cada tres trabajadores de la administración pública son temporales. En números absolutos: 33.500 de los 96.700 que la EPA (Encuesta de Población Activa) de diciembre de 2021 registra para la región.

La ley obliga a convocar procesos de estabilización de empleo antes del 1 de junio del presente ejercicio. «Una fecha con la que cumpliremos y en el que se incluirán las plazas susceptibles de este proceso», explican desde la Consejería de Administración Pública de la Junta de Extremadura.

El Gobierno ha propuesto convertir en trabajadores fijos a los interinos que lleven más de tres años en el mismo puesto. Aquellos que superen ese plazo se considerará que han sufrido un abuso de temporalidad y deberán aprobar un examen o superar un concurso de méritos para consolidar su plaza. «La administración sabe que lo ha estado haciendo mal con los interinos, pero lo vamos a pagar nosotros», considera Teresa Fernández, que lleva más de doce años como interina en la Consejería de Hacienda.

Mientras el Gobierno y los sindicatos se muestran satisfechos con la ley, los colectivos de trabajadores interinos se posicionan en contra de algo que, visto desde fuera, parece una buena noticia para el personal temporal. «Lo primero que debería hacer la administración es identificar cuántas personas están en esa situación», detallan desde Piltex.

La Junta, desde luego, no aporta un número exacto. Según las estimaciones hechas a partir de las cifras aportadas por el ministerio, en Extremadura hay unas 10.000 personas que han sufrido ese abuso de temporalidad, aunque Piltex eleva ese cálculo por encima de las 25.000.

El colectivo de interinos defiende que la regularización que propone el Gobierno es injusta con ellos, ya que consideran que carece de sentido tener que superar una prueba para demostrar que pueden realizar un trabajo que llevan haciendo más de diez años en algunos casos es incomprensible. Es el caso de Teresa Fernández, por ejemplo. Ella lleva en su puesto de trabajo desde noviembre de 2009. «Sin parar, firmando altas y bajas, pero sin parar más que en las bajas de maternidad o para el cuidado de mis hijos», expone, antes de añadir que lo que marca la ley de función pública es que se convoquen las plazas cada dos años. «No se hace y cuando se convocan salen muy pocas plazas», insiste.

Además, Piltex denuncia que antes del 1 de abril un centenar de interinos van a ser despedidos. «Algunos ya han recibido la notificación», asegura González. Entre ellos hay quien podría haberse acogido a la regularización que marca la ley aprobada hace menos de cuatro meses. «La Junta ha acelerado el proceso de promoción interna para quitarse de encima a los interinos», remarca la presidenta de la asociación.

Por su parte, el Ejecutivo regional afirma que convocó el proceso en 2019 y que su resolución se retrasó por la pandemia.