UPA afirma que otras entidades tramitaron las ayudas de forma similar

Además, la acusación pública solicita 16 años de prisión y 33 millones de multa para los máximos dirigentes de UPA-UCE en la región, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón. Asimismo, pide más de diez años de cárcel para otros tres miembros de la ejecutiva y nueve años y medio para el técnico responsable del proyecto de asesoramiento agrario. Para el contable que ideó el sistema de financiación, Juan Miguel Apolo, pide seis años al estimar las atenuantes de confesión y reparación del daño.

El fiscal considera que la organización agraria orquestó un sistema para que agricultores y ganaderos afiliados solicitaran estas ayudas sin que les supusiera ningún coste. Para eso, recibían un préstamo de una sociedad interpuesta, que a su vez tomaba los fondos de UPA. Con ese dinero pagaban el servicio a la entidad, que recuperaba el desembolso inicial. Ese abono permitía cobrar la subvención. Al recuperar lo gastado la entidad volvía a iniciar la rueda para generar nuevos cobros. De esa forma gestionó de 2010 a 2015 más de 4.000 expedientes de asesoramiento y 4,3 millones en ayudas.

Sin embargo, UPA-UCE afirma que su actuación, destinada a facilitar a agricultores y ganaderos el acceso a los servicios de asesoramiento en las condiciones económicas más favorables, «sin incurrir en incumplimiento alguno con la normativa reguladora dictada por la Junta de Extremadura, fue idéntica o similar a la puesta en marcha por otras organizaciones agrarias o cooperativas extremeñas».

La entidad afirma estar sorprendida por el conjunto de delitos que aprecia la Fiscalía, en concreto contra la hacienda pública por fraude de subvenciones, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Para UPA-UCE no hay ninguna prueba que sostenga esta acusación. En concreto, afirma que las declaraciones de los testigos, el informe emitido por el Banco de España que descarta responsabilidad de la entidad financiera que tramitó los pagos, otro informe de la Intervención General de la Junta de Extremadura y el material incautado en la sede de la organización «demuestran la correcta actuación de UPA-UCE y la efectiva prestación del servicio de asesoramiento».

La entidad destaca especialmente el informe elaborado por la Junta de Extremadura en diciembre de 2016, que puso de manifiesto que la inspección realizada no detectó irregularidades.

Asimismo, recuerda que el juzgado instructor inició una pieza separada en la que se investigó a cuatro funcionarios de la Junta encargados del procedimiento de selección de las entidades de asesoramiento, así como la concesión, control e inspección de las subvenciones. Ese procedimiento se archivó. Además, recalca la Administración regional decidió dejar de ser acusación particular debido a que no aprecia fraude. A su juicio, esto corrobora que se prestaron los servicios.

Por ese motivo, afirma que la única explicación posible al escrito de acusación del fiscal es «tratar de justificar su improcedente y desorbitada solicitud, concedida por la magistrada instructora, de mantener en prisión incondicional desde noviembre de 2016 hasta febrero de 2017 a los dirigentes Ignacio Huertas y Maximiano Alcón», para quienes se decretó esa medida provisional tras la operación llevada a cabo por la Guardia Civil a comienzos de noviembre de 2016.